Ha pasado como un asunto liviano la huelga de los policías y hasta parecería que es apoyada por el Gobierno en la medida en que no ocurre una reacción dura. Ayer, por primera vez, escuché al gobernador hablar sobre sanciones en un tono fuerte.
Hoy, se supone que el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, se reúna con las organizaciones que agrupan los uniformados estatales. Él ha dicho que les pedirá que regresen a sus puestos de trabajo y que su oficina investigará la legitimidad de las masivas ausencias. Sin embargo, el llamado se ha escuchado demasiado pusilánime —considerando el estilo del funcionario ante otros sectores y en otras circunstancias— y sobre la pesquisa anunciada, todos sabemos que su oficina no tiene el andamiaje para una investigación de tal magnitud.
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La situación en la Policía parece estar manga por hombro. A mi juicio, el primer problema que tiene esa agencia cuasimilitar, es que los policías no saben a quién responderle, pues tienen dos jefes, aunque la ley que creó el año pasado el Departamento de Seguridad Pública es clara en cuanto a la jerarquía. Héctor Pesquera y la coronela Michelle Hernández parecen andar como perro y gato desde el principio.
Siendo la Policía el principal componente del “nuevo” departamento sombrilla, y la más compleja de las agencias, creo que la ley tiene que enmendarse para que se consigne que el secretario sea a su vez el jefe de la Policía. La Policía no aguanta dos cabezas al mando y los agentes necesitan claridad en cuanto a quién es su comandante en jefe. Así fue con Pedro Toledo cuando existió una estructura similar bajo el mandato de Pedro Rosselló.
Por otro lado, creo que los policías y sus líderes han fallado en comunicar eficazmente las razones de la protesta, pues el Gobierno argumenta en respuesta lo siguiente:
-Han pagado las horas extra, más que ninguna otra administración.
-La ley del “enfermito” es de la pasada administración y no se puede revertir por la crisis fiscal.
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-Atenderán el tema del sistema de retiro en la sesión legislativa que comienza el lunes.
Pesquera parecería tener razón en estar confundido en cuanto a las razones de las ausencias. Sin embargo, la administración ha lucido muy pasiva en atender el issue al punto de parecer apoyar la protesta.
Es escandaloso que el 75 % de los policías estén ausentándose a sus puestos de trabajo diariamente y que el Gobierno, a su vez, no parezca escandalizado. El año comenzó con casi una decena de asesinatos y es obvio que otros delitos violentos (robos, escalamientos, etc.) no se registran por falta de policías para atender las querellas. Urge que el problema se atienda de una forma u otra. Es alarmante, además, que la misma Policía no pueda ni tan siquiera contabilizar las ausencias que se reportan por turno.
Increíble también resulta que el monitor federal de la Policía haya callado todo este tiempo, siendo esa figura la que busca que se maneje adecuadamente su operación interna después de una demanda por violación de derechos civiles. Tampoco se ha escuchado la voz en este asunto del juez federal Gustavo Gelpí, quien administra ese proceso judicial extraordinario.
Cuando otros sectores del país realizan protestas, dislocando el trillado orden social, el Estado se lanza con toda su fuerza para “restablecer la normalidad”. Lo hemos visto en la UPR y con los trabajadores cada vez que se lanzan a la calle. La respuesta no ha sido igual cuando el mismo orden social es vulnerado por quienes son contratados por el pueblo para garantizarlo.
Si ilegítima es una protesta, ilegítima es la otra, y las respuestas deben ser iguales. Claro, a los obreros hay que pagarles por su trabajo y una tardanza como la observada es inexcusable. Y los policías también son obreros, como se les recordaba en los piquetes que enfrentaban.
