Por: Denis Márquez Lebrón
Representante
El año 2018 comienza como terminó el 2017: estamos frente a otro Puerto Rico. No solo por las realidades de pobreza y desigualdad social evidenciadas tras el paso del huracán María sino, además, por la imperante necesidad de iniciar un genuino proceso de descolonización que encamine al país a una verdadera transformación.
En un breve análisis de 2017, el inicio del año estuvo enmarcado en la aprobación de leyes que fueron ordenadas por la Junta de Control Fiscal. La ley de reforma laboral, la ley de permisos, el empleador único y la nueva ley de las Alianzas Público Privadas sirven de ejemplo. Las consecuencias las advertimos: menoscabo de derechos de los trabajadores y empleados públicos —previamente atrofiados con las medidas de austeridad implantadas bajo el Partido Popular en el cuatrienio anterior— el posible impacto adverso al medio ambiente tras la liberación o flexibilización de permisos; la agudización de la pobreza y el aumento en la tasa de desempleo.
De igual forma, las posiciones conservadoras de la Cámara de Representantes fueron —y son— un atentado latente contra los derechos humanos. Ejemplos claros son la aprobación de ley de menores, las enmiendas al derecho a la fianza y al código penal y la ley de libertad religiosa. Cabe señalar que nuestras propuestas fueron ignoradas, así como nuestras advertencias y señalamientos.
Posteriormente, nos enfrentamos al paso del huracán María. Los legisladores del PIP dimos el espacio al Gobierno debido a la magnitud de su impacto y las diversas crisis generadas, como la destrucción de viviendas y propiedades, el colapso del servicio eléctrico, la falta de agua, la escasez de combustibles y comida y una total alteración a la rutina diaria de las y los puertorriqueños. Durante ese periodo desde mi oficina legislativa iniciamos visitas y recorridos por toda la isla e iniciamos el proyecto Alegría para la Niñez.
Pero, habiendo transcurrido más de cien días del temporal, hay que continuar denunciando el desastre de los servicios de salud y la necesidad de transformar el actual modelo para que incluya un plan universal; el problema de las construcciones en Puerto Rico y su relación con el urbanismo y la desigualdad social; la debilidad de nuestro sistema de educación por el cual tuvimos —y seguiremos— que dar dos batallas que parecen contradictorias. Primero evitar el cierre de escuelas que aborta el derecho de acceso al aprendizaje en toda sociedad y, luego, la apertura de escuelas debido a políticas neoliberales que perciben el derecho humano a la educación como un asunto de estadísticas y centavos. Y nuestro sistema eléctrico, unos de los aspectos más críticos, que demostró la complicidad de los Gobiernos rojos y azules en la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica como una finca política de sus partidos mientras se turnan en el poder, y que ha contribuido al crimen que se sigue perpetrando contra miles de familias alrededor de todo Puerto Rico que actualmente no cuentan con el servicio eléctrico catalogado como otro derecho humano fundamental.
En 2018, junto al compañero Juan Dalmau Ramírez, continuaremos promoviendo nuestras propuestas en áreas como la descolonización, el ambiente, la salud, la educación y la justicia para la clase trabajadora, que sirvan de base para una discusión amplia y la construcción de un país libre, justo y próspero.
