La dinámica que domina el manejo de la opinión pública en ocasiones nos hace centrar nuestra mirada en lo inmediato. O, cuando menos, en aquello que parece cercano. Eso es indudablemente cierto en el caso del escrutinio de la gestión pública. Los Gobiernos municipales y el central han sido objeto del escrutinio público y de los medios de comunicación tras el paso de los huracanes Irma y María, y con razón. Son ellos los encargados de la primera línea de respuesta y de la elaboración de un plan que permita una respuesta local eficiente y ágil. Pero en esa ecuación de rendimiento de cuentas, en ocasiones se nos olvida un protagonista importante: el Gobierno de Estados Unidos, o los federales, como hemos preferido bautizarlos.
Por varias razones —una de ellas, nuestra construcción social colonial— siempre el colectivo ha mirado al Gobierno federal como un ente superior, casi mitológico. Una suerte de Olimpo plagado de “infalibles” y “perfectos” que no conocen el fracaso en su gestión. En ese ámbito, todo “corre como un reloj”, se nos ha vendido. Pero la emergencia de Irma y María ha dejado al descubierto a un Gobierno federal con muy poco de ese halo de divinidad y más cercano a los errores terrenales. Un ente burocrático como el que más. En la práctica, muy poco capaz de reaccionar con rapidez. Ahogado en procesos extensos y con una capacidad cuestionable de regular sus propios recursos. Siguiendo el tracto de las conversaciones con funcionarios electos y ciudadanos, parecería que el Gobierno Federal falla en poder garantizar un uso adecuado y eficiente del dinero que, a fin de cuentas, es público.
Para empezar, es llamativo, cuando menos, el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros haya contratado compañías para recoger los escombros en algunos de los municipios del país. Esos contratos son pagados con dinero de FEMA. Pero el problema es que, ante la lentitud en el recogido de escombros por parte de esas compañías contratadas por el Cuerpo de Ingenieros, algunos alcaldes se han visto en la necesidad de contratar a una segunda compañía para hacer exactamente lo mismo. En conclusión: dos compañías contratadas para realizar exactamente las mismas funciones, ambas pagadas con dinero de FEMA. ¿No es eso acaso un claro ejemplo de despilfarro de fondos públicos? En segundo lugar, la lentitud en la colocación de los famosos toldos y techos azules.
A más de dos meses del paso de ambos huracanes y luego de una tardanza excesiva en la entrega de los toldos, FEMA decidió cancelar el contrato que concedió a una casi inexistente compañía de la Florida que tenía el encargo de manufacturarlos. Los toldos no llegaron a tiempo, lo que, en decenas de casos, supuso una ampliación de los efectos devastadores de la destrucción de los huracanes y, a la larga, mayores reclamaciones económicas que serán pagadas con fondos públicos. A lo anterior sume el otorgamiento, cuando menos cuestionable, de los famosos $500 dólares de ayuda inicial que muchos que no necesitaban recibieron, y a otros, que sí debían recibirlos según los requisitos, les fueron denegados. Y la lista continúa. No lo digo yo o los miles de afectados por la emergencia causada por Irma y María localmente que han visto la ayuda que aliviaría su situación personal ahogada por el mar de llamadas sobre llamadas, documentos, visitas de técnicos y filas en centros de ayuda. Lo dicen los propios organismos regulativos estadounidenses que ya le han levantado un abultado expediente a FEMA. Por ejemplo, la Oficina del Inspector General de Estados Unidos que —en un reporte de 2011— asegura que la agencia ha fallado en seguir las recomendaciones sobre el uso de dinero, cosa que podría haber supuesto el despilfarro de “miles de millones de dólares en fondos públicos”. Y también su opinión pública. Lo dice la propia oficialidad. Hace unas semanas, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Ben Carson, admitía a preguntas de los periodistas que la respuesta federal ha sido lenta y deben promoverse los cambios para permitir adaptar las normas federales a la realidad de la isla. “Estamos dispuestos a presentar exenciones y cambios apropiados porque queremos fijarnos en nuestros objetivos, no en las reglas”, dijo. Denuncias de ineficiencia también han llegado desde la organización Refugees International, una organización independiente sin fines de lucro que aboga por los derechos de personas desplazadas alrededor del mundo. Según su más reciente informe sobre la actuación del Gobierno federal en la isla, la respuesta de FEMA y las autoridades federales ha sido “mal coordinada y torpemente implementada”, cosa que trajo como consecuencia una “extensión de la emergencia humanitaria” en la isla. El caso está sobre la mesa. La pregunta es, ¿Quién regaña a FEMA? ¿Hay alguien en Washington que ponga la casa en orden?
