Me molesta tener que escribir sobre esto. Y me sucede porque tener que hacer supone que la discusión sobre nuestra desacertada lucha histórica contra el crimen sigue abierta y en una dirección equivocada, a pesar de los múltiples golpes recibidos con la misma piedra. Parecería que como país tenemos un inexplicable apego al fracaso. Y no de ese que se da por la falta de experiencia o información, sino del que llega a pesar del camino recorrido y las lecciones aprendidas en el trayecto. Quizá las olvidamos, yo qué se. Pero, en cualquier caso, reconocer que seguimos perdiendo la guerra por terquedad, falta de dirección o de memoria colectiva no solo es doloroso, sino frustrante.
Desde hace décadas, hemos decidido querer ganar la lucha contra el crimen, pero desde la repetición de fórmulas que han probado ser inservibles. Y la actual coyuntura no es la excepción. El domingo, el país terminó con 18 asesinatos más que el pasado año a esa misma fecha. Una evidente alza en el crimen que, por alguna razón, parece haber sorprendido a muchos. A mí no. Mientras el colectivo parece haber aceptado como premisa irrefutable que la lucha contra el crimen se gana a son de “más pistolas, más policías y más patrullas” en la más fiel tradición de las “manos duras” y “los castigos seguros”, nuestros resultados históricos demuestran que la repetición de esa premisa para establecer políticas públicas, no solo es disparatada, sino peligrosa. La evidencia científica que nos recomienda cambiar de estrategia está por todas partes, si estamos dispuestos a verla.
Detengámonos por un momento en el Banco Mundial. En 2014, ese organismo se propuso entender las causas detrás del crimen que avanzaba a pasos agigantados en México. Del análisis de más de 2,000 municipalidades de ese país, los expertos dieron con un clavo que antes ya había sido descubierto: las localidades en las que existía menor desigualdad social también tenían tasas más bajas de crimen, y viceversa.
Si no le es suficiente evidencia para demostrar la necesidad de un cambio de dirección en nuestras estrategias contra el crimen, repase lo que ha encontrado la Organización de las Naciones Unidas. En 2012, y como parte del programa United Nations Global Pulse, la ONU presentó el informe “Monitoreando el impacto de la crisis económica en el crimen”. Lo que encontró fue contundente y aleccionador para los países que insisten —como nosotros— en chocar la cabeza con la misma piedra: el crimen está relacionado con el clima económico. Mediante la utilización de datos obtenidos de los departamentos de la Policía de 15 países distintos, sobre áreas como el robo, los homicidios y el hurto de autos, el estudio encontró correlación entre el crimen y los factores socioeconómicos.
Pero no. En Puerto Rico, nos hemos negado a entenderlo y, para ser consistentes en nuestra terquedad colectiva, hemos insistido en buscar una reducción en la criminalidad contratando más policías y buscando más patrullas. Como aquel que busca resultados distintos sin cambiar de fórmula. Los medios de comunicación también hemos sido responsables del rumbo equivocado de la discusión sobre la búsqueda de soluciones. Año tras año el panorama es predecible. Aumenta el crimen un fin de semana e, invariablemente, todos los medios levantan sus teléfonos para cuestionar al jefe de la Policía de turno sobre “qué hará” para frenar la mala racha. Tristemente, los “súper” de turno han podido y pueden hacer muy poco. Si aceptamos como ciertos los numerosos estudios que vinculan crimen con la economía, tal vez las respuestas deban exigírsele tomar acción a agencias como Educación, Familia o Desarrollo económico. Si la mayor parte de las personas que ingresan a la cárcel no han terminado sus estudios, ¿qué está haciendo Educación para evitar que la fuga de estudiantes del sistema público continúe? Si está probado que, a mayor pobreza y mayor desempleo, mayor crimen, ¿qué está haciendo el Departamento de Desarrollo Económico para dar forma a un plan que fomente la creación de empleos y frene el desangramiento de la clase media? Esos, señores, deben ser los cuestionamientos si se busca un verdadero freno a la ola criminal. En esa dirección deben ir las preguntas que sirvan de base para nuestras políticas públicas. De lo contrario, el panorama se pinta tenebroso y poco esperanzador. Todos los factores para provocar un aumento en el crimen están presentes en el Puerto Rico de 2018. Las patrullas y los rotenes podrán hacer muy poco para evitar el problema de fondo. ¿Que parte no acabamos de entender?