Vamos al grano. Todos estamos claros que la Autoridad de Energía Eléctrica es un desastre operacional. Ha sido corrompida. Politizada al extremo. Es ineficiente y está quebrada.
Ante la nueva realidad que enfrentamos tras el paso del huracán María, es importante plantearnos cuál debe ser la meta del país. A mi juicio esta es: que todos los puertorriqueños(as) podamos volver a tener luz en nuestras residencias y comercios con un servicio eficiente y al menor costo posible.
A la luz de eso cabe preguntarse si el anuncio de privatización hecho por el gobernador Ricardo Rosselló realmente nos conducirá a lograr ese fin.
Y es que por décadas se ha venido ensayando el discurso de que nuestro problema es el gobierno y que por eso debemos transferir nuestros activos al sector privado que es mucho más eficiente. Nada más alejado de la realidad.
La experiencia de Puerto Rico con la privatización ha sido cuando menos agria, en la mayoría de los casos. La compañía francesa Ondeo, que administró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y Metropistas, que actualmente administra algunos de los expresos más importantes de la isla, son solo dos ejemplos insignes.
Es importante señalar que, en el caso de la AEE, el plan no es abrir el mercado a la libre competencia para que diversas compañías construyan sus propios sistemas de generación y distribución y usted escoja entre diversas opciones, no. Lo que se plantea es transicionar de un monopolio público a otro privado.
Hasta el momento, la información que se tiene sobre la posible transacción, es muy escasa. Pero ya sabemos que, contrario a lo que dijo el gobernador a la usanza del su padre, los fondos que se adquieran por la venta de activos de la corporación no necesariamente irán ni a mejorar infraestructura ni a los Sistemas de Retiro, sino a pagar parte de la deuda a nuestros bonistas.
Esto porque la AEE se encuentra en un proceso de quiebra controlado en su totalidad por la Junta de Control Fiscal impuesta desde Estados Unidos, en un tribunal y jueza nombrada por ellos y bajo los parámetros de la ley PROMESA que también nos impusieron.
Ni hablar del hecho de que en el plan fiscal revisado no se menciona que habrá una inyección de capital sustancial de parte de los privatizadores para mejorar nuestras centrales generatrices ni se ha mencionado cómo y bajo qué condiciones se operaría el sistema de distribución de energía, que es el que más sufrió tras el paso de María.
Eso explica porqué el gobernador ha solicitado un préstamo de 15 mil millones de dólares al gobierno estadounidense que nos permita reconstruir el sistema eléctrico que, si se va a privatizar, debería exigírseles a las compañías que sean ellas quienes lo reconstruyan.
Como va pintando la cosa todo tiende a indicar que se venderán activos por al rededor de 5 mil millones y que estos irán a amortiguar una deuda de 11 mil millones. Que el gobierno ostenta la esperanza de tener un nuevo sistema a través del mismo gobierno estadounidense que nos ha negado TODA ayuda crucial que se le ha solicitado hasta el momento y que el cambio fundamental será que las ganancias que antes eran públicas ahora serán privadas.
Las experiencias que se han tenido en otros países, incluyendo a Estados Unidos (donde casi el 60 % de la energía sigue en manos públicas) con estos procesos de privatización es el incremento escalonado y exorbitante en las tarifas, la eliminación de subsidios y el abandono de áreas donde el costo de reparación y mantenimiento es mucho más elevado que en las zonas metropolitanas.
En el contexto puertorriqueño eso podría significar la extinción de los subsidios a hoteles, condominios, iglesias, hospitales, ancianos, estudiantes, residenciales públicos, entre tantos otros. Lo cual podría redundar en el aumento de impuestos, despidos masivos en muchas industrias y la precarización de nuestros costos de vida en general.
La verdad es que existen muchas opciones para atender este problema que no implique la venta de nuestros activos ni perder control de nuestros servicios básicos. Aquí solo ofreceré una de tantas.
La AEE podría transformarse en una cooperativa que sea en principio compuesta por: la uniones laborales que la componen, la banca, las cooperativas, el gobierno y los ciudadanos comunes. Entre todos esos componentes se puede ir a los mercados para buscar el financiamiento necesarioque permita restaurar nuestro sistema eléctrico y comenzar una transición que vaya dirigida a crear microredes controladas regionalmente por los municipios y sus comunidades directamente.
Soluciones como esta hay muchas otras. Todo se trata de tener creatividad a la hora de traer nuevas respuestas a viejos problemas. La muerte de la AEE como la conocemos es inminente e irremediable. Pero tenemos que luchar por reemplazarla por un sistema que nos permita retomar el control de nuestro haberes como pueblo y un desarrollo económico y social sostenible. El plan del gobierno, en nada tiene que ver con eso.
