El actual gobernador, Ricardo Rosselló, hizo hincapié durante su campaña en la importancia de sus compromisos para combatir la corrupción y facilitar la transparencia pública. Como tema electoral, resultaba ineludible en atención a la mala fama que había cultivado su padre durante sus ocho años al mando del país. Ya en el poder, la realidad, hemos visto, es otra. Las promesas se quedaron en eso. Mientras las pregonaba, su equipo más cercano, el que todavía le rodea en La Fortaleza, tramaba para robarle al pueblo su derecho sagrado a escoger sus gobernantes y montaba un pequeño comité político en cada agencia pública. La evidencia ventilada en los últimos días nos comprueba ambas aseveraciones.
El primer caso es ya notorio. Un juez municipal, encargado de dilucidar controversias electorales, participaba activamente de un grupo de WhatsApp cuya intención era la coordinación de actividades políticas. En el grupo estaban también, en calidad de funcionarios de la campaña del PNP, el actual secretario de la Gobernación y compañero mío en esta página, William Villafañe, la empleada de Villafañe y subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y la directora de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado. Se alega que al grupo pertenecían también otros jueces.
La participación de cualquier juez en el grupo es de por sí inconstitucional. No cabe la menor duda de que el chat no era de un grupo de amigos que se reenviaban chistes y memes graciosos. Era de coordinación de actividades político partidistas. Por ende, su mera presencia es contraria al Artículo 5, Sección 12 de la Constitución de Puerto Rico, que les prohíbe a los jueces participar “en campañas políticas de clase alguna”.
Más aún, violenta el principio rector de nuestros procesos electorales. Se supone que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) opere a partir de un sistema adversativo. Quiere decir, que los partidos desconfían el uno del otro y atienden sus diferencias ante jueces que, como es obvio, se supone actúen como árbitros imparciales. El que un juez haya consultado solo con una parte, en un chat privado, la decisión que debía tomar, lacera la confianza del pueblo en las elecciones y en sus resultados. No es otra cosa que un intento por quitarle, a usted que me lee, su voto.
La controversia que esto plantea no puede quedar impune, ni puede únicamente tocar al ahora desacreditado juez. Había otras personas en el grupo de WhatsApp que actuaron a sabiendas de que su comportamiento no era correcto. El que el gobernador haya pedido la renuncia del presidente de la CEE basándose en las transcripciones del chat hechas públicas por el senador Aníbal José Torres, pero que no haya hecho lo propio respecto a sus colaboradores más cercanos, convierte al primer mandatario en cómplice del comportamiento antiético de sus subordinados.
El segundo caso no es tan conocido, pero es igual de preocupante y delata el mismo cáncer. En una entrevista del periodista Benjamín Torres Gotay a la secretaria de Educación, Julia Keleher, publicada el 4 de febrero en El Nuevo Día, la funcionaria indicó: “[T]odas las personas de confianza ya habían sido nombradas cuando yo llegué. Me dijeron: ‘Aquí tienes tu agencia y tu equipo’. Yo no conocía a nadie aquí”. Cuando Torres Gotay le preguntó quién había nombrado ese equipo, la secretaria contestó: “De la manera en que se hace en todas las agencias”. El veterano reportero insistió preguntándole si había sido “el comité del partido”, a lo cual ella asintió.
Esta revelación contradice directamente las promesas de campaña hechas por el ahora gobernador. Insistió siempre durante el transcurso de la contienda que no había hecho compromisos con nadie para puestos ni contratos en su gobierno por haber colaborado con su campaña.
Tan era así que el 15 de octubre, según reportó Metro, anunció la apertura de un sistema electrónico para el reclutamiento de personal de confianza en las agencias de gobierno, anticipándose por varias semanas a su final victoria electoral. Indicó, entonces, que abría el proceso fuera de los linderos de su propio partido porque “queremos expandirlo más allá, de forma tal que se le pueda dar acceso al pueblo y que todo aquel que entienda que pueda contribuir con su talento se pueda hacer disponible”. Metro añadió entonces que la propuesta iba “atada a la iniciativa de establecer un portal donde los ciudadanos puedan acceder a las cualificaciones y trayectoria de aquellos que, finalmente, sean nombrados a puestos de confianza”.
Todo eso resultó ser pantomima. ¿Vio usted el sistema para acceder los resumés de los empleados de confianza? Para colmo, Keleher nos confirmó que su equipo cercano la esperaba a ella en su oficina, nombrado todo por el PNP.
Con esa admisión y con el escandaloso grupito de WhatsApp, se desnudó el lobo de la corrupción.
