A diario, la realidad nos abofetea con la imparable ola de asesinatos que toma por asalto nuestras calles, lo que genera un clima de inseguridad y desasosiego. A cualquier hora y en cualquier lugar estamos expuestos a presenciar una actividad violenta. Sobran razones para alarmarnos.
La situación es grave si consideramos que, a solo días por terminar el segundo mes de este año, la cifra de muertes, informadas hasta la madrugada del pasado domingo, se eleva a 129, un número que aumenta aceleradamente día a día, mes a mes.
La violencia, en todas sus manifestaciones, es el peor de nuestros males sociales. Este hecho es, más que triste, espeluznante porque, al paso de los días, un sector de nuestra sociedad va perdiendo los escrúpulos y se lanza a una guerra fratricida, asesinando gente a mansalva sin consideraciones y en medio de una guerra desdichada que no hace más que sumar daños colaterales, que añaden otras muertes a la fatídica estadística de homicidios y, a su vez, engrosan la curva ascendente e imparable del vendaval de violencia que nos acecha.
Lo peor es que toda esta escena criminal se percibe como una situación incontrolable. Estamos, sin duda, ante un fenómeno complejo que, por más campañas que clamen por la mesura y prudencia ciudadana no asoma atisbos de desaparecer mientras no actuemos con responsabilidad examinando las raíces de los problemas que lo generan.
Cierto es que se hace necesario intensificar el trabajo para el esclarecimiento de los delitos y asignarles más recursos a las autoridades pertinentes para lograr más efectividad en el arresto de los sicarios, meterle mano al trasiego de drogas ilegales y procesar a quienes delinquen.
Mas para abordar los problemas relacionados con el crimen, se requiere, ante todo, transitar por un camino más complejo, afinando una aguda mirada a nuestro entorno social para zurcir soluciones que rebasen los límites de la restricta visión penalista y policiaca.
Y sobre esos temas el supercomisionado de seguridad, Héctor Pesquera, que ha sido reclutado por el Gobierno con una de las remuneraciones más infame y absurdas de esta administración, parece no conocer nada y mucho menos estar interesado en explorarlos.
Comencemos estableciendo que la violencia y el crimen es resultado de la desigualdad, no de la pobreza. La actividad criminal tampoco se agrava con el movimiento migratorio que hemos estado viviendo en los últimos años, como indicó recientemente un exsecretario de Estado y expresidente del Senado.
Por el contrario, la mirada para atender el crimen, y con este, el trasiego de drogas ilegales que provoca la mayor cantidad de violencia que se registra en nuestras calles, requiere ir a la complejidad del problema y, primero, adentrarnos a la forma en que se articula el mercado de la droga e identificar quiénes son, en última instancia, los grandes beneficiarios de la circulación de ese capital.
Asimismo, la exploración al desafío y la bravura que muestran los jóvenes y adolescentes en nuestras calles, armados hasta los dientes, debe ser asumido desde el análisis del modelo de sociedad autoritaria en que vivimos, en el que hasta en las esferas de la alta gerencia gubernamental impera la orden de que sólo el más fuerte y poderoso sobrevive.
El tema criminal, además, tiene que abordarse explorando las bases económicas, políticas e ideológicas que han causado el deterioro de nuestra estructura social. Se trata de enfrentar el desempleo y la precarización laboral; la pobreza económica y cultural; la falta de viviendas y de espacios productivos para el ocio; detener la expoliación de nuestros recursos naturales; fortalecer nuestro modelo educativo público; y saquear las estructuras de gobierno, todas, de las prácticas corruptas de funcionarios y políticos de carrera.
También tenemos que erradicar los efectos indeseados del culto a la violencia del que todos y todas somos víctimas, y eso incluye desde la violencia social inducida por el Estado, las agresiones policíacas y la glorificación al ataque físico y verbal que promueven los medios de comunicación masivos.
El crimen no se resuelve con el recrudecimiento del Estado policial, como suelen proponer muchos políticos y comentaristas radiales. Es un asunto que amerita el examen serio de las condiciones estructurales de nuestra sociedad para diseñar estrategias que vayan directo a las raíces del problema.
La crisis de seguridad pública que vivimos se centra en el empobrecimiento acelerado de nuestra sociedad, unida a la ausencia de empleos y opciones para que la ciudadanía mejore sus condiciones de vida. Si comenzamos por ahí, obtendremos mejores resultados.
