Eso de la transparencia es un término prostituido. Todos los protagonistas de la cosa pública alardean de serlo, sobre todo en año electoral. Ahí, frente a las luces de la campaña electoral, todos son paladines de la apertura ante el país y la prensa. “Un Gobierno tiene que ser transparente, no hay otra forma de verlo”, dicen todos —así, más o menos— en medio de esa pesca de electores, de ser posible incautos y fáciles de impresionar. En campaña electoral, todos son un libro abierto, pero las paginas de sus libros se van tornando viscosas, difíciles de leer; impregnadas de la saliva gastada en el “bla bla bla” de los “eslóganes” que sobran cuando las acciones escasean. Una vez en el poder, la cosa cambia. La transparencia se va matizando y comienzan los peros. Las justificaciones. Los “sí, pero no, aunque tal vez” para intentar explicar por qué hay cosas que sí deben ser públicas y otras no. Y aunque todos acusan al rival de falta de transparencia, lo cierto es que la historia habla por sí sola. Basta con repasar nuestra historia reciente.
En 2014, el Gobierno aseguraba ser transparente, pero la Asociación de Periodistas se vio en la necesidad de presentar un recurso legal para lograr que hiciera públicos los detalles del estudio comisionado a KPMG para sentar las bases de lo que, posteriormente, sería la reforma contributiva.
En 2016, la ASPPRO denunció, además, limitaciones en el acceso a información pública en manos de la Policía relacionadas con la incidencia criminal. De igual manera, hubo trabas en la divulgación de los estados financieros auditados.
Ese fue el Gobierno anterior.
El actual también asegura ser transparente. Pero, como en el pasado, la transparencia por momentos se torna más bien opaca. Quizá por eso, el Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que presentar recursos legales para lograr tener acceso a los estados financieros auditados, los planes fiscales individuales de las agencias de Gobierno y los informes mensuales, semanales y trimestrales que deben entregarse a la Junta de Control Fiscal.
Y ni hablar de la Junta de Control Fiscal que, a pesar de ser una criatura del Congreso y pagada con fondos de los contribuyentes de Puerto Rico, consistentemente pone trabas al acceso a información sobre sus integrantes, sus finanzas y relaciones comerciales.
Así que ojo con los golpes de pecho en los que se reclama trasparencia. Por lo visto, es mucho más fácil pedirla del rival político o prometerla en tiempos de carrera electoral.
Luego, la transparencia cuesta y, en la práctica, se da solo si conviene. La transparencia no puede ser una frase publicitaria que se convierta en hecho solo en el discurso. Al fotuteo partidista (que llega en colores diversos) le importa la transparencia solo cuando quien incumple es su rival. De lo contrario, la ausencia de ella es tolerada y consentida. Justificada. ¿Transparencia? Ninguno.
