En días recientes destacadas personalidades del quehacer cultural del país trajeron a mi atención el peligro que corría un mural del gran pintor José Antonio Torres Martinó en la escuela privatizada Julia de Burgos en Carolina. Una investigación realizada por mi oficina legislativa descubrió que, desgraciadamente, este fue borrado con pintura. Dicho acto irreflexivo fue la comisión de un crimen contra el patrimonio cultural del país. Ello ha provocado una gran indignación de diversas personas y organizaciones que reclaman que se asuman y se adjudiquen responsabilidades, y que el Departamento de Educación (DE) rinda cuentas sobre el inventario de obras de arte en las escuelas públicas, estén abiertas o cerradas. La respuesta ha sido ninguna, más allá de tardíamente expresar de manera genérica la importancia del arte y la necesidad de investigar lo acontecido en la escuela de Carolina. Sin embargo, el DE no ha brindado ni un solo dato o información sobre las condiciones y la protección de las obras bajo su custodia.
Nos enfrentamos, una vez más, a la ausencia de divulgación de datos, el marcado patrón de evadir responsabilidades por dicha conducta y por no reconocer que, en ocasiones, no tienen la información o no han cumplido con su deber de investigar y generar dicha información. Peor aún, el total menosprecio a la ciudadanía que reclama contestaciones a sus reclamos e interrogantes.
A raíz de nuestra denuncia recibo todos los días información y preocupaciones de varias personas sobre el daño latente a obras de arte en nuestras escuelas públicas.
Ante esto radiqué la resolución conjunta 311 —junto con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Guillermo Miranda— para ordenar al DE a realizar un inventario urgente de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que son parte de las escuelas públicas y para que, en conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, garantice la custodia, permanencia y protección de las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que se encuentran en las escuelas que están cerradas temporal o permanentemente.
Por otro lado, desde principios de abril, hemos estado visitando escuelas, escuchando a decenas de madres, padres, estudiantes, maestras y maestros que reclaman la permanencia y apertura de sus escuelas que han sido incluidas en la nefasta lista del DE para cerrarlas. El común denominador de cada una de las comunidades escolares, a lo largo y ancho de Puerto Rico, es la ausencia de información, la falta de argumentos serios y creíbles que sustenten los cierres de planteles e interrogantes sobre cuáles fueron los factores y los supuestos hallazgos que provocan los cierres de sus escuelas. Es la negación del Departamento de Educación de cumplir con su responsabilidad de responder a los que reclaman su derecho a la información y a recibir respuesta por parte de la agencia y el actual Gobierno.
Por ello radiqué, además, la resolución 883, que busca investigar los parámetros y estudios llevados a cabo por el DE para identificar y seleccionar cada una de las 283 escuelas que serán cerradas o consolidadas, analizar el impacto en las comunidades escolares y los estudiantes de Educación Especial e identificar alternativas para evitar los cierres o consolidaciones.
El DE tiene que desistir de la práctica de negar información al país, como ha ocurrido con la destrucción del mural de nuestro artista Torres Martinó y con los cierres de escuelas, destrucción también de nuestra escuela pública. Continuaremos impulsando las estrategias que sean necesarias para que la secretaria de Educación cumpla con sus responsabilidades ante el país.
