Dos noticias esta semana finalmente destaparon la olla. Lo que se cocinaba, desde hace años, era un caldo maloliente de corrupción. Los escándalos de WhatsApp y de Whitefish evidencian un patrón de comportamiento ilícito a los más altos niveles de la administración Rosselló. Ponen en tela de juicio la fibra moral del gobernador y, por mucho que intenten encubrir su participación, queda claro que Ricardo Rosselló dirige y es cómplice de un grupo de personas sin brújula ética. La cultura institucional de este Gobierno, desde sus inicios, es la de la ley del silencio u omertá, de la mafia siciliana.
Veamos ambos casos.
Durante la etapa eleccionaria, un grupo de colaboradores, los más cercanos del hoy gobernador, a sabiendas de que violaban la ley y la Constitución, coordinaban asuntos político partidistas, y la adjudicación de controversias electorales, por WhatsApp, con un juez municipal. Esas acciones les valieron a seis funcionarios del Gobierno, incluido mi compañero en esta página, el Lcdo. William Villafañe, referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). Otros 15 abogados, fueron referidos al Tribunal Supremo por posibles violaciones al código de ética de la profesión. Y si bien es importante señalar que a todos les asiste la presunción de inocencia, igual de importante es reconocer la credibilidad de quien los acusó, precisamente por ser quien es: nada más y nada menos que la secretaria de Justicia de este mismo Gobierno.
El principal delito imputado, el artículo 292 del Código Penal, prohíbe la “influencia indebida en la adjudicación” de cualquier asunto por parte de un “juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como árbitro, o persona autorizada por ley para oír o resolver una cuestión o controversia”. La seriedad de este delito es tal que se establece una pena fija de tres años de cárcel solo por intentar su comisión; ni siquiera requiere que, en efecto, el juez modifique su decisión. Y por supuesto, queda sobre el tapete una pregunta de mucho peso: ¿en cuántas otras instancias, una vez este grupo advino al poder de la mano de Rosselló, habrán intentado ejercer influencias indebidas?
Peor aún, casi como para probar sus impecables credenciales como miembros del bajo mundo, se alega que, al menos una de las implicadas, quiso apabullar la investigación y obstruir la justicia. Al hacer los referidos, la secretaria de Justicia añadió que la segunda en mando en la oficina de Villafañe, la también Lcda. Itza García, intentó intimidarla por medio de un familiar, para apabullar la investigación del Departamento.
La reacción del gobernador dejó mucho que desear. A Villafañe le permitió renunciar para evitar ser una “distracción innecesaria”, la misma excusa que dieron para cancelar el contrato de Whitefish y para sacar a Ricardo Ramos de la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica. A los demás les aceptó sus renuncias no sin antes explicar en un comunicado de prensa de La Fortaleza —como si estuviera hablándole al Panel del FEI— que las “posibles actuaciones irregulares de estas personas” sucedieron “cuando todavía no habían sido juramentados como funcionarios públicos”. Su defensa de estas personas, hasta en medio de sus renuncias en masa, dice que el gobernador, aun conociendo de las serias imputaciones que su propia secretaria de Justicia levantó, se siente inclinado no a defender la integridad pública, sino a sus amigos y allegados.
Esta defensa tan inusual se entiende mejor al ver el otro notición de la semana: Ricardo Ramos admitió, en Jugando pelota dura, que el gobernador sabía lo que estaban haciendo en el periodo pos-María, que por “tres o cuatro semanas después del huracán” se veían diariamente, y que Rosselló tenía conocimiento de Whitefish y de otras cinco compañías que se contratarían. Esta admisión de Ramos contrasta con las negativas constantes de Rosselló sobre este mismo tema. A periodistas de diversos medios, les dijo en todo momento que desconocía sobre los procesos de contratación y que eso estaba en manos exclusivamente de la Autoridad.
Y ahí, precisamente, se evidencia el círculo vicioso de protección y silencio mutuo. Los funcionarios que renunciaron por el escándalo de WhatsApp eran los mismos que mantenían la fachada de control en La Fortaleza y que asistían en el laborioso trabajo diario de proteger al gobernador de sí mismo. Si el gobernador negaba conocimiento de Whitefish, o del nombramiento de Higgins, o del escándalo de acoso sexual en Turismo, o del famoso chat, ellos colaboraban en la mentira. A cambio, esperaban recibir del gobernador protección y respaldo.
Así, como en Palermo.
