Todo un revuelo hubo esta semana con lo que se entendió era un reconocimiento del Gobierno al artista Bad Bunny. Realmente, no era un premio o una felicitación oficial, sino que se anunciaba que se le concedían unos créditos contributivos para sus empresas. Acertadamente, Benito Antonio, ese exbagger de supermercado y exestudiante de Comunicaciones de la UPR, que con su genialidad ha revolucionado la industria del entretenimiento, dijo que lo anunciado supone más dinero para él y menos dinero para el Gobierno. Aunque entiendo que Benito Antonio ya superó la clasificación de joven emprendedor que necesita un empuje pa’ echar pa’lante, su trabajo supone más actividad económica que la que producen otros tantos con mayores beneficios del Estado. Vamos a eso.
Bajo la administración de Luis Fortuño, en 2012, se aprobó la Ley 22, que concede extraordinarios beneficios contributivos a extranjeros que vienen a vivir a Puerto Rico. Esa ley fue ejecutada plenamente bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. En el pasado cuatrienio popular, se bendijo esa ley y la actual administración la continúa implementando. La Ley 22 de 2012 se aprobó bajo la premisa de que estos multimillonarios vendrían para crear empleos a cambio de gozar de un paraíso tributario, pagando un mínimo de impuestos y gozando de las bondades del trópico. Se les requiere a estos jeques del capitalismo vivir 183 días en la isla, pero estos se calculan de una manera distinta a la obvia. Esa cantidad ha sido disminuida recientemente para que, a los pobres, no se les exija pasar los suplicios pos-María.
Bajo la Ley 22 se han otorgado cientos de decretos. Un análisis realizado por “Estudios Técnicos”, publicado en 2015, decía que, hasta entonces, se habían concedido 570 decretos. Recientemente, el gobernador Rosselló, al enmendar la ley para requerirles a los beneficiarios unas aportaciones nominales de $5,000 a organizaciones sin fines de lucro, anticipó que, en los próximos años, los beneficiarios ascenderán a 10,000 individuos.
Desde que se comenzaron a otorgar estos decretos, los esperados beneficios a la economía están en entredicho. Aparenta ser que el beneficio que se otorga es demasiado para el costo que le representa al estado no cobrar lo que se supone.
Aparte de casos emblemáticos como los de John Paulson (que ha comprado medio Condado, Río Grande y áreas limítrofes) y Nicholas Prouty, que se ha quedado con Santurce, muy poco se sabe de los demás. Lo poco que se sabe es que han ayudado a que se creen enormes burbujas en sectores residenciales exclusivos sin interacción social o una inyección económica sustancial. Los pocos empleos que crean tienen que ver con asuntos mínimos no recurrentes, como construcciones en vivienda, remodelaciones a sus mansiones, etc. Hace un tiempo, Alberto Bacó, pasado secretario de Desarrollo Económico, me dijo que se calculaban en 3 o 4 empleos los que creaba cada decreto bajo la Ley 22 del 2012. El cálculo, aun risible, probablemente es exagerado.
Aclaro que, en cuanto a los icónicos —en el marco de esta ley—, Prouty y Paulson, creo que han ayudado a revitalizar unas zonas que, en estas circunstancias y bajo el antiguo ordenamiento legal, quizás hubiese sido imposible. De hecho, ese ha sido siempre el argumento del Estado en cuanto a la cantidad de decretos que se otorgan. Dicen que, para nada, mejor algo. Sin embargo, en el caso de estos dos millonarios, ha sido también la ley hermana de la 22, la 20 del 2012, la que ha sido beneficiosa para ellos.
De nuevo, de los otros cientos de beneficiarios de la Ley 22 no se sabe nada. Solo se escuchan los mitos de sus vecinos boricuas en Dorado, Palmas y del Condado.
En estos días, se discute en la Cámara de Representantes un nuevo modelo contributivo. Se dice que, bajo el nuevo panorama, los individuos pagarán menos contribuciones y que el Gobierno buscará reforzar los recaudos para mitigar ese impacto. Creo que pueden incluir la Ley 22 de 2012 en la agenda de aumentar los ingresos al Fondo General. No para desterrar a los nuevos boricuas fascinados con las playas y el sol, sino para exigirles más de lo que aportan actualmente. En Noticentro, he realizado investigaciones sobre este tema planteando que se trata de un estatuto que hace del país un paraíso fiscal. En la Legislatura, por voz del representante Manuel Natal, ha habido intentos fallidos para revisar ese tema.
Puede ser hora de indagar más sobre el asunto y no indignarnos tanto con Bad Bunny. Total, la discusión ha estado matizada por hipocresía, negación generacional y hasta elitista. Recuerden, enemigos del trap o de los nuevos géneros musicales, que muchos de sus cantantes de antaño decían cosas peores y hoy tienen hasta monumentos.
