Finalmente, ayer un funcionario de alto nivel del Gobierno de Puerto Rico, que se encuentra en la mesa de negociaciones con la Junta de Control Fiscal, contestó la pregunta que tarde o temprano tendrá ante sí la jueza Laura Taylor Swain cuando sea imposible que Carrión y Rosselló resuelvan todo dialogando. En algún momento, por más conversaciones que se produzcan para superar las controversias, una de las dos partes irá al tribunal y allí se tendrán que responder las siguientes interrogantes: ¿Quién manda? ¿Puede la Junta de Control Fiscal dictar política pública?
El Gobierno de Puerto Rico dice que la Junta no puede dictar política pública y la Ley PROMESA parecería estar cónsona con ello. Sin embargo, no porque lo diga la ley significa que, en la práctica, esa sea la consecuencia. Y es que la próxima pregunta a la última del párrafo anterior es: ¿Pueden divorciarse los conceptos de política pública y política fiscal? Ayer el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, me dijo que no. ¡Ahí está la gran encrucijada, y Johnny Méndez acaba de golpear el discurso de La Fortaleza! El Gobierno le reconoce a la Junta el poder de dictar política fiscal, pero no política pública. Sin embargo, la política pública surge de la política fiscal y el documento que plasma esa política fiscal en un Gobierno es el presupuesto del país. La Ley PROMESA le da la facultad legal a la Junta de aprobar unilateralmente un plan fiscal y el presupuesto de Puerto Rico. En otras palabras, 1+1=2.
Johnny Méndez ha aceptado, inconscientemente, que la Junta puede dictar política pública. Me parece que el resto de la plana mayor gubernamental también lo sabe. Por ello, a mi juicio, ocurre lo que estamos viendo en estos días. El gobernador Rosselló llamó a Carrión al diálogo para evitar un caso legal. Dice el gobernador que no quiere llegar al tribunal porque los últimos afectados serán los ciudadanos. Con ese argumento, el gobernador también acepta, de manera implícita, que si la discusión llega ante la jueza Swain, se le reconocerá supremacía a la Junta en este proceso y se aprobará todo lo que él no quiere, entiéndase reforma laboral, recorte de pensiones, reducción de bonificaciones, etc. No solamente los ciudadanos tienen todas las de perder, sino que el Gobernador de Puerto Rico, el actual y el próximo, perderá autoridad política y legitimidad por el resto del período que cubre el plan fiscal, es decir, cinco años. Me parece que esa segunda variable es la que pesa más en esta intensa ronda de negociaciones que ha producido dos reuniones esta semana y un viaje hoy de Rosselló a Nueva York para reunirse con los demás miembros de la Junta.
De este viaje de hoy debe surgir un acuerdo que lleve al Gobierno a someter mañana un proyecto de presupuesto revisado. El debate de hoy se concentra en las proyecciones económicas de uno y otro en sus respectivos planes fiscales. Lo más que podría surgir es que las dos partes cedan un poco y se pospongan las medidas duras que quiere imponer la Junta. Pero recordemos que ya eso pasó el año pasado y, por poco, la disputa llega al tribunal. María lo evitó. Sospecho que el mollero de la Junta se intentará ejercer ahora o más tarde y que, en ese momento, el tribunal tendrá que responder la pregunta que ayer Johnny Méndez me contestó. En esa batalla legal, la Junta no tiene nada que perder, la otra parte sí.
