La molestia con Higgins es general. Higgins, Walter Higgins, el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha levantado ronchas desde su designación. O al menos eso se desprende de las expresiones de diversos funcionarios públicos.
La primera de ellas ni siquiera es su culpa. Esa tendencia reciente de ignorar recursos locales y sustituirlos por talentos de apellidos exóticos sigue incomodando a más de uno y, cuando menos, hace cuestionar si es que, quienes toman las decisiones de reclutamiento genuinamente, piensan que, a nivel local, no existen personas capacitadas para posiciones delicadas. Pero eso es harina de otro costal.
Las molestias van más allá del lugar de nacimiento del funcionario. Para comenzar, molesta su aparente indiferencia sobre los ciudadanos, aun dueños de la corporación que dirige, y el rendimiento de cuentas que se espera de funcionarios de su nivel. Higgins apenas está en la isla, no ofrece entrevistas (o las escoge muy estratégicamente),no comparece ante la Legislatura y, de paso, si lo dicho por el gobernador es cierto, el primer ejecutivo no fue informado ni por deferencia de su designación.
A eso añada su salario.
El señor Higgins cobrará $450 mil al año, más las misas sueltas. Un salario que la opinión pública ha adjudicado como excesivo y contrario a la política pública de hacer “más con menos” prometida por el gobernador. Y en tercer lugar, preocupa su discurso a favor de aumentar la quema de carbón para la generación de electricidad y su rechazo al uso de fuentes de energía renovables.
Estos dos asuntos —el salario y su rechazo a fuentes de energía renovable— preocupan porque van claramente en contra de la política pública prometida por el gobernador y porque, a pesar de ello, La Fortaleza no parece hacer nada para reivindicar sus promesas de campaña.
Debemos recordar que El gobernador destituyó a la mayor parte de los pasados miembros de la Junta de Gobierno de la AEE para nombrar nuevos integrantes afines con la política pública. Pero esos nuevos integrantes no solo nombraron a Higgins, sino que han consentido, al menos por omisión, sus violaciones a la política pública.
¿Dónde quedó aquello de hacer más con menos? ¿Dónde quedó la promesa de campaña de generar el 20 % de la energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable? En la campaña, el pasado secretario de la Gobernación, William Villafañe, aseguró que “se establecerán unos mecanismos para transformar gran parte de nuestras plantas generatrices en plantas que funcionen con gas natural, lo cual permitirá en gran medida que el precio de la electricidad baje”. Pero Higgins habla de quemar más carbón y, mientras lo hace, nadie le pide cuentas.
Si la legislatura y el Ejecutivo están realmente preocupados por el rumbo de la AEE bajo Higgins, ¿por qué no exigen a la Junta de Gobierno que lo obligue a ceñirse a la política pública? O, en cualquier caso, ¿por qué no exigen a la Junta que haga valer la política pública bajo amenaza de destitución?
Vivimos tiempos complicados que exigen mensajes claros; sin dobles intenciones. Por eso urge que, desde las acciones, se deje clara cuál es la política pública energética. No pedir cuentas a Higgins haría inevitable concluir que sus acciones y no el discurso de nuestra clase política son la verdadera norma.
