El pasado 14 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución 909, de mi autoría, que ordenó a la secretaria de Educación a proveer información relacionada con el cierre de escuelas. Previo a esta acción, fueron múltiples los intentos realizados desde mi oficina legislativa para intentar obtener dicha información —importante para la discusión pública— ante toda la controversia que se ha generado sobre este tema. Finalmente, la secretaria de Educación sometió un documento que, de entrada, confirma nuestras denuncias sobre la manipulación de la verdad en el proceso de cierres de escuelas.
Luego de una revisión del documento sometido por la secretaria de Educación, es inescapable el hecho de que el criterio del Departamento de Educación (DE) para el cierre de escuelas fue un mero cómputo matemático, en el que los estudiantes son vistos como pupitres, pizarras, tizas y borradores, reemplazando así criterios fundamentales como el aspecto humano y pedagógico.
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También resulta evidente en nuestra denuncia que nunca se escucharon los planteamientos de las comunidades escolares que reclaman su derecho a que sus escuelas permanezcan abiertas. En el informe se indica que las propuestas fueron consultadas con oficiales electos, directores de programas académicos, representantes de los centros de educación especial, la oficina de Planificación, la Autoridad de Edificios Públicos, en fin, todas entidades del Gobierno.
Nuestras denuncias no se daban en el vacío. El factor común de todas las madres, padres, estudiantes, maestras y maestros de las comunidades escolares que se nos acercaron preocupados por los cierres de escuelas era la falta de información por parte del DE y el hecho de que no se les consultó para tomar estas determinaciones. Luego de visitar o establecer comunicación constante con cerca de 80 comunidades escolares ,ya habíamos constatado que quedaron excluidas totalmente del proceso. Pero ahora, con la información sometida por la propia secretaria, quedó confirmado que las decisiones fueron tomadas en algún cuarto de la agencia en Hato Rey y que el proceso decisorio sobre el cierre de escuelas estuvo centrado en sus estructuras administrativas.
Del informe se desprende, además, que tampoco se consideró el impacto de los cierres de las escuelas cuyo aprovechamiento académico es de excelencia, el progreso logrado en los niños y niñas de Educación Especial y su ubicación, el impacto psicológico y sociológico de los estudiantes del nivel elemental al alejarlos de sus familias y de las comunidades donde viven, ni las diversas alianzas de las escuelas con organizaciones gubernamentales, académicas y otras que colaboran con el proceso educativo. De igual forma, se cometieron errores geográficos al momento de identificar comunidades aisladas.
En su afán por obedecer a la Junta de Control Fiscal, elemento que también queda evidenciado en el informe de la secretaria, el DE incluyó en la lista de cierre, deliberadamente, escuelas con suficiente matrícula, rendimiento académico excelente, buenos recursos e infraestructura.
Con este informe, la “empresaria” que dirige el Departamento de Educación confirma que el proceso para determinar el cierre de las escuelas fue acelerado, caprichoso, insensible, irresponsable y amañado; con el único objetivo de cumplir con el plan fiscal de la Junta de Control colonial. Por ello, desde mi escaño en la Cámara de Representantes reafirmo mi compromiso y el de mi partido con la educación y la escuela pública, y continuaré defendiendo a los estudiantes, las comunidades escolares y la educación pública.
