Eliminar la ley de despido injustificado (Ley 80 de 1976) de nuestro ordenamiento laboral continúa siendo la mayor obsesión de José Carrión, el presidente de la Junta de Control Fiscal. Su ofuscación es absurda, tanto que ha condicionado la aprobación del presupuesto del país a la derogación de esa ley, aunque no ha sido capaz de presentar ni un solo argumento que justifique su vil insistencia.
Lo único que ha verbalizado el señor Carrión, junto a las voces de algunos economistas de encargo, es que, al eliminar esta ley, se abre un espacio de oportunidad para crear empleos. Empero, nadie, absolutamente nadie, ha podido demostrar con datos y explicaciones científicas cómo se llega a esa fútil conclusión.
Ya el Senado actuó hace unas semanas y no complació al señor Carrión. La Cámara, en tanto, no ha terminado de evaluar la eliminación de esa ley, pero ya se perfila que la aclamada derogación no pasará el cedazo en ese cuerpo legislativo.
Anticipando una votación en contra de la anulación de la Ley 80 en la Cámara Baja, Carrión envío una carta al presidente de ese cuerpo requiriéndole que aprobara su eliminación. Esta acción ha sido catalogada como una amenaza chantajista y caprichosa de parte del presidente de la Junta, que, a su vez, representa un acto de despotismo de quien se cree con el derecho absoluto de regir los destinos del país.
Como corolario a la resistencia que ha mostrado la Asamblea Legislativa en convertirse en cómplice de su obstinación, Carrión, en un intento de coaccionar a los representantes electos, presentó la semana pasada su proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal pasándole por encima al elaborado por el gobernador e indicando que el de su junta sí cumplía con los parámetros del plan de ajuste fiscal certificado. Esta acción provocará un choque de poderes que será el tema central de discusión pública en las próximas semanas.
Sin embargo, esta semana supimos que la intransigencia de Carrión con la eliminación de la Ley 80 responde más a asuntos privados que al interés público.
Con datos irrefutables, un representante de la minoría del Partido Popular Democrático reveló recientemente cómo la eliminación de esa ley favorecía a los intereses comerciales del presidente de la Junta de Control Fiscal.
Según señaló el legislador Ramón Luis Cruz Burgos, Carrión, que preside la firma de seguros y corretaje Hub International CLC, tiene entre su cartera de productos una póliza que protege a los patronos contra demandas por despido injustificado. Esa póliza, que en ese mundo se conoce como Employment Practices Liability Insurance, no se vende en Puerto Rico porque con la Ley 80 se establece un pago específico, en calidad de mesada, que es el que un patrono tiene que cumplir si se demuestra que despidió sin causa justa a un empleado.
No hay dudas de que el señor Carrión busca aprovecharse de la eliminación de esa ley y sacar ventaja económica de la situación del país. Lo que hace este individuo, en palabras sencillas, es beneficiarse de su posición en la presidencia de la Junta al impulsar medidas que solo favorecen su bolsillo.
Tengamos claro que, al eliminar la Ley 80, un trabajador o trabajadora perdería su derecho a la indemnización en caso de sufrir un despido injustificado. Como consecuencia, se abonaría más a la precarización de las condiciones de empleo para la clase trabajadora y profesional, a la par con el empobrecimiento de la población.
La pertinencia de la Ley 80 es, sin dudas, una protección que tiene su raíz en una propuesta de justicia social y salarial, y así ha sido reconocido por los dos grupos políticos que han gobernado el país durante las últimas décadas, como muy bien demostró el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Dennis Márquez, durante las vistas públicas que celebró la Cámara en días recientes.
Sin Ley 80 se hará más necesario el avance de la sindicación de empleados en el sector privado porque esa sería la única manera en que el trabajador o trabajadora podría ganar alguna protección para enfrentar las determinaciones arbitrarias de su patrono, como el despido sin justa causa.
