A un día del cierre de la primera sesión de 2018 y de los cantos de sirena de la mayoría legislativa expresando lo productivo de esta, es preciso repasar algunos de sus proyectos y ejecutorias que tendrán consecuencias funestas para el país.
En primer lugar, el destrozo a la infraestructura eléctrica de la isla y la incompetencia del Gobierno de reinstalar el servicio eléctrico tras el huracán, a todas las comunidades en Puerto Rico, el dolor y el desasosiego en miles de familias que vivieron por meses este problema sirvieron como punta de lanza al Gobierno para aprobar una nefasta legislación que marca la ruta para la privatización de la AEE. Con ello destruirán una corporación pública fundamental, que, a pesar del canibalismo político en su dirección, le ha servido bien al país, para convertir nuestro sistema eléctrico en uno a la merced del mejor postor, que provocará aumentos en las tarifas de energía eléctrica.
De igual forma, la Legislatura se convirtió, tanto por acción como por omisión, en cómplice del desastre que representa la dirección del Departamento de Educación, la aprobación de una reforma educativa que tiene como uno de sus componentes la privatización del derecho humano a la educación, un proyecto de Educación Especial que le quita derechos adquiridos a los niños y niñas con diversidad funcional y crea mecanismos obscuros de alegadas defensas a esta comunidad, son —junto con el cierre de cientos de escuelas— los ejemplos más claros a la traición a la educación pública. Si bien debemos reconocer que, en la Cámara, se aprobaron medidas legislativas para cuestionar los cierres de escuelas y exigir información, no hubo la voluntad política de enfrentar, interpelar y cuestionar a la secretaria de Educación ante el constante planteamiento de falta de consulta a las comunidades escolares, quienes ahora en el verano viven en carne propia la traición a la niñez al ver sus escuelas clausuradas.
Esta sesión me permitió indagar más y corroborar muchos aspectos de la crisis gubernamental y fiscal en que vivimos, como son la falta de recursos para proteger los bosques y las reservas naturales de Puerto Rico, la crisis de las inundaciones en Santurce —que seguirá ante la ausencia de fondos para sustituir la obsoletas bombas—, los graves problemas de servicios para las personas con diversidad funcional, la crisis alimentaria, en fin la diversidad de calamidades que nos azotan.
Pude corroborar la crasa negligencia e ineptitud del Departamento de Transportación y Obras Públicas en la protección del patrimonio cultural, en particular las obras de artes en escuelas y edificios públicos bajo su custodia.
Por otro lado, las últimas semanas de la sesión se discutió el presupuesto del país —o mejor dicho— el presupuesto de la Junta. Una vez más aflora nuestra condición colonial, cuando a pesar de los gritos de la mayoría legislativa de que la política pública la establece el Gobierno, la determinación de mayor importancia de política pública, que es como se distribuye y se adjudica el gasto público y cuáles son los servicios y sectores de prioridad, lo decide un ente antidemocrático y ajeno a nuestro país.
El proceso legislativo continuará, y de igual forma, nuestra fiscalización y denuncia de todo aquello que perjudique y sea contrario a la justicia social y el bienestar de Puerto Rico.
