La idea de conseguir la estadidad es lo único que ata a un Partido Nuevo Progresista (PNP) donde coexisten conservadores extremos y liberales demócratas. Si Puerto Rico fuera un estado, los penepés como los conocemos hoy día, probablemente estarían regados en diferentes lugares del espectro político puertorriqueño.
Pero el proyecto pro estadidad presentado la semana pasada por la comisionada residente Jenniffer González hábilmente aglutina a los estadistas detrás de lo único que los hermana. Y no podía llegar en mejor momento, pues el triunvirato que lidera esa colectividad – Thomas Rivera Schatz, Ricardo Rosselló, y la propia González – andan cada cual por su lado y, en el caso de los primeros dos, tirándose más fuerte que nunca.
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La fecha propuesta para convertir a Puerto Rico de territorio en estado – enero de 2021 – es, más que una aspiración real, un llamado político a los novoprogresistas a que se queden pegados al principal instrumento con el cual pueden mover su meta común.
En otras palabras, la fecha de enero de 2021 se propuso con todo el propósito de que los estadistas se sintieran convocados a permanecer motivados con el PNP independientemente de las pugnas internas temporeras por política pública que se estén desarrollando ahora o que puedan venir después.
En términos parlamentarios y prácticos, es poco probable que la estadidad llegue a Puerto Rico por vía de este proyecto legislativo. Y esto se debe a varias razones. En primer lugar, al Congreso le falta poco tiempo para irse a receso y, aun si se aprobara, lo que haga este Congreso no obliga al siguiente. En segundo lugar, muchos legisladores federales – incluso algunos afines a la estadidad – han dicho que este no es el momento para mover esa agenda pues la Isla debe concentrarse en la recuperación económica post-María y en bregar con la estela que nos ha dejado Promesa. Por último, aunque los 37 coauspiciadores que consiguió la comisionada no son poca cosa, lo cierto es que es una cantidad muy inferior a lo que se había conseguido en procesos similares instados por comisionados residentes estadistas.
El otro gran escollo es el Senado federal. Aun ante el improbable escenario que la Cámara de Representantes federal diera luz verde al proyecto de la comisionada, el Senado federal está diseñado desde sus inicios para ser un salvaguarda del status quo. La esclavitud y las leyes anti-negro de la era Jim Crow permanecieron inalteradas por décadas gracias a maniobras legislativas en el Senado federal. Solo la maña de Lyndon B. Johnson dio al traste con esa realidad. Y hay 40 estados – es decir, 80 senadores – donde la población hispana es ínfima y, por ende, el deseo de atender la estadidad – o la igualdad – para millones de hispanos de Puerto Rico es de poca o ninguna relevancia.
Pero el proyecto de la comisionada no es una quimera. Tiene un propósito muy claro y definido. Lo que sucede es que tiene más posibilidades de éxito en San Juan que en Washington.
