Con el avance de las fuerzas republicanas en Estados Unidos regresamos a los tiempos en que el sindicalismo se convierte en punto de ataque de los sectores más conservadores.
En esta ocasión, la más reciente ofensiva llegó del Tribunal Supremo cuando hace unas semanas determinó que los trabajadores del sector público que no están afiliados a un sindicato quedan exentos de pagar la cuota de la organización laboral que representa a su centro de trabajo.
Esa decisión, derivada del caso Janus versus American Federation of State, County and Municipal Employees (Afscme), en votación cerrada de cinco votos a favor y cuatro en contra, se sostuvo en un planteamiento estrictamente ideológico.
La intención de la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo fue poner freno a la intervención política que suelen realizar los sindicatos para hacer valer sus reclamos y obtener garantías de los políticos en medio de contiendas electorales.
Para esto, la sentencia judicial se encaminó a minar las finanzas de los sindicatos en momentos en que, como conocemos, la afiliación de empleados públicos en uniones laborales ha ido menguando por los pasados años.
Lo que esta determinación hace es suspender una decisión previa del más alto foro judicial de ese país, que en 1977 dictaminó que era razonable que los trabajadores del sector público que optaban por no afiliarse al sindicato hicieran alguna aportación al gremio toda vez que se beneficiaban de los procesos de negociación colectiva y de los servicios de representación laboral.
No hay dudas que aquella fue una sentencia que hizo justicia a los procesos sindicales en Estados Unidos y que tuvo impacto en Puerto Rico.
Ahora todo cambia. Amparado en los derechos de libertad de expresión y asociación expresados en la Primera Enmienda de la Constitución, el foro judicial decidió que no puede existir obligatoriedad alguna para cobrar cuotas y que quien no quiera aportar recursos al sindicato que no lo haga, aunque se beneficie de sus servicios.
Esta agresión judicial y política de corte antisindical no es nueva en ese país. Hace menos de una década el gobernador republicano del estado de Ohio, John R. Kasich, promovió un referéndum para despojar a los trabajadores públicos del derecho a negociar condiciones laborales relacionados a pensiones y enfermedad. En aquella ocasión, también se intentó prohibirle su derecho a la huelga; obligarlos a pagar no menos de un 15 por ciento de las primas de su plan de salud; eliminar aumentos automáticos de salarios; y detener el cobro automático de las cuotas sindicales.
Esa intentona, que prevaleció en las urnas, convirtió a Ohio, que entonces tenía más de 360 mil trabajadores en el sector público, en el principal estado en limitar los derechos de los trabajadores y en atomizar a las organizaciones obreras al coartarles la estabilidad de sus afiliaciones sindicales.
Poco después de la ofensiva de Ohio el movimiento antisindicalista se hizo sentir en New Hampshire y Oklahoma, donde representantes legislativos del sector republicano aprobaron en sus respectivos congresos varias medidas para debilitar la fuerza sindical en el sector público y restringir los derechos adquiridos por la clase trabajadora.
Lo mismo ocurrió después en Maine, en el que los legisladores republicanos identificados con el Tea Party promovieron dos proyectos de ley a los fines de eliminar las protecciones contra el trabajo infantil.
Otra medida impulsada en Maine buscaba eliminar el número máximo de horas que los menores de 16 años podían trabajar durante los días de semana. O sea, una imposición de tiempo flexible que abonaba a la explotación laboral y la violación de derechos civiles y humanos, altamente condenada por la Organización Internacional del Trabajo. Esa oleada contra los sindicatos también se sintió en Idaho, donde un proyecto de ley promovido por el aún gobernador republicano Butch Otter pretendió cercenar el derecho a la permanencia de sus 12 mil maestros.
También Wisconsin fue víctima de las fuerzas antisindicalistas con la puesta en vigor de una política laboral promovida por su gobernador Scott Walker.
Estas medidas, entre otras, abonan al ambiente político contra las uniones obreras que hay en Estados Unidos impulsadas por los sectores más conservadores de esa sociedad, en su mayoría representados en el Partido Republicano. Por eso, la decisión de los jueces del Tribunal Supremo debe entenderse en ese contexto.
Todas estas movidas tienen repercusión en Puerto Rico, justo cuando se nos habla con insistencia de recortes de presupuesto, privatizaciones, limitación de derechos laborales y Junta de Control Fiscal.
Solo la unidad de los sectores productivos, trabajadores y profesionales de todos los ramos, pueden frenar la embestida antisindical que nos conduce a la pérdida de beneficios y derechos laborales.
