Así dice el coro de una de las famosas canciones que lanzaron al escenario a Calle 13. Y ese parece ser el llamado de algunas voces radicales al Gobierno de Puerto Rico que ha decidido demandar a la Junta de Control Fiscal.
El gobernador Ricardo Rosselló anunció hace una semana que demandó a la Junta creada por la Ley federal PROMESA por alegadamente “usurpar” los poderes del Gobierno de Puerto Rico para dictar “las reglas de la casa”. El lunes pasado, la Legislatura hizo lo mismo con unos argumentos similares relacionados a la imposición de un presupuesto gubernamental.
El argumento de la demanda de Schatz —obvio autor intelectual de la acción— es que la Junta legisló de facto cuando impuso un presupuesto gubernamental ante la decisión de no derogarse la Ley 80. Rosselló plantea otros asuntos procesales en cuanto a la interacción que debió haber ocurrido entre el gobierno isleño y la junta imperial en las postrimerías del año fiscal pasado.
Lo que no hace el Gobierno de Puerto Rico es impugnar la constitucionalidad de la Ley PROMESA. En cambio, los estadistas se enredan en el discurso de legitimar el status quo, defendiendo el autogobierno, mientras por otro lado, en la tribuna política, denuncian la condición colonial de Puerto Rico reconociendo como una desventaja que bajo el ELA, el Congreso puede ejercer unilateralmente sus poderes plenarios sobre la isla.
Hace algún tiempo, el exgobernador Pedro Rosselló (papá del actual inquilino de La Fortaleza) dijo que el dilema colonial de Puerto Rico se resolvería con la atención internacional (por eso presentó el caso, aún pendiente, ante la OEA) y a través de los tribunales. El jueves pasado le pregunté al gobernador Ricardo Rosselló por qué no impugnar la constitucionalidad de PROMESA y adelantar el tema de fondo: la subordinación política de Puerto Rico. Me dijo que la intención es resolver de inmediato un asunto práctico, sin descartar que el caso evolucione hacia ello. Los promoventes más radicales de la descolonización gritan: ¡Atrévete! Dicen que este es el momento indicado para elevar el asunto del estatus al campo judicial y que haya una expresión más clara (más que la del caso Sánchez Valle) del Tribunal Supremo de EU, que repercuta en el terreno político washintoniano. Claro, ¿temerán que el disparo salga por el lugar erróneo?
La nueva composición del Tribunal Supremo pudiera ser negativa para los anexionistas. Trump es visto por el establishment como una figura pasajera, desgraciada y no confiable. Y en el Congreso ya se sabe que no hay ambiente para mover el tema del estatus a pesar del intento de la Comisionada. Ese panorama en las tres ramas del gobierno federal, pudiera explicar la timidez de las demandas del gobierno puertorriqueño en contra de la Junta.
Ahora, los casos que ya se han radicado con intenciones similares y los que puedan venir de etapas secundarias que incidirán en esta película, pudieran llevar la discusión hacia aguas más profundas. Lo que no sé es, si el tanque de oxígeno de los demandantes principales les permita tal confrontación.
Otra vez, un 25 de julio será significativo. Dicen los que aman las teorías de conspiración que el gobierno federal ha intentado históricamente borrar de la memoria colectiva su invasión del 1898. Por eso, dicen que ocurrió en el mismo día de calendario la proclamación del ELA en 1952 y hasta meten en la ecuación los asesinatos políticos de 1978.
En el 2018, una jueza federal tendrá que decidir si una ley federal aprobada hace dos años, va por encima de la Constitución y el Gobierno local. Si la respuesta es afirmativa, queda sepultado el ELA otra vez y los gobernantes de turno se convierten en verdaderamente simbólicos. Si al Gobierno se le da la razón, quedará desintegrada moralmente la Junta, debilitada la Ley PROMESA y habrá un caos en los litigios con los bonistas. Políticamente, Rosselló y demás funcionarios electos saldrían fortalecidos, pero la estadidad quedará mal parada y el ELA todo lo contrario.
Algo me dice que Swain será salomónica y tampoco se atreverá por aquello de mantener la indefinición que tanto le ha convenido al norte. Lo que sí conviene para la gente es tener un rumbo claro, sea cual sea, para que se acabe la incertidumbre y tengamos un futuro esperanzador.