Nuestro país vive una crisis a todos los niveles. Un potaje complicado que incluye iguales dosis de la acumulación de mal gobierno, prácticas irresponsables de administración pública y déficit de poder para reclamar un gobierno propio. Todo lo anterior ha comenzado a quebrar la idea de una sociedad de ley y orden y eso, mis amigos, es peligroso. ¿Que tenemos leyes? Indudablemente. Hay quien asegura que en exceso. ¿Que esas leyes tienen un efecto práctico sobre nuestras vidas? Cada vez menos. Todo lo que conocemos ha comenzado a hacer agua de manera peligrosa.
Para comenzar nuestro sistema de Gobierno. La idea de un modelo político negociado con los Estados Unidos, autónomo y capaz de reclamar un gobierno propio, independiente al de estos, ha sido desmentida de diversas formas por el Gobierno federal. Ese alegado “socio” en el llamado “pacto bilateral” ha reiterado que de bilateral poco y que el peso del poder en la relación descansa sobre el Congreso Federal. La designación de una Junta de Control Fiscal lo ha dejado todo en evidencia. A eso sume, más recientemente, la decisión de la jueza Taylor Swain quien, a grandes rasgos, concluye que el gobierno electo solo tiene los poderes que el Congreso le permita y que siempre estarán subordinados a ese ente estadounidense.
Pero como si la subordinación que se nos restriega en la cara a diario no fuera suficiente, añada usted que el Gobierno mismo ha optado por autoinfligirse daño al optar por dejar de cumplir así, a plena luz del sol y a sabiendas, las leyes aprobadas por nuestros poderes electos. Reducirlas a tiestos sin efecto práctico. Los casos de ese incumplimiento están por todas partes. Para empezar, tome el caso de la “difunta” Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Presumiblemente en pleno conocimiento de la violación de ley que acompañaba la firma del contrato, la Junta reclutó a Walter Higgins como director ejecutivo. Y así, “sin querer queriendo” le extendió un bono de productividad ilegal a la luz de la Ley 66 de 22 de julio de 2013 que, en su texto, prohíbe explícitamente “la otorgación de bonos por concepto de productividad o análogos en todas las Agencias, Corporaciones e Instrumentalidades Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los altos directivos, empleados de confianza y otros gerenciales, de las instrumentalidades públicas, incluyendo agencias, administraciones, corporaciones públicas y autoridades”. A pesar de la claridad del estatuto y de la advertencia lanzada a esos efectos por la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, los miembros de la Junta insistieron en mantener vivo el contrato mientras en Fortaleza (desde donde se producen los nombramientos a esa Junta) no se pidió cuentas, no se exigió la cancelación del contrato o —en su defecto— despidió a los integrantes de la Junta que insistían en violar la ley.
Otra de las violaciones de Ley ejecutadas de organismos oficiales vino, casualmente, de la Junta de Gobierno de la AEE. La Ley de esa corporación, tal y como fue enmendada, exige transparencia y acceso al contenido de las reuniones de ese ente con el fin de promover la transparencia y el rendimiento de cuentas. Sin embargo, a la luz de los más recientes acontecimientos, todavía quedan sobre la mesa múltiples preguntas sin contestar. Y quedan a pesar de que la Ley exige una transparencia que queda incumplida con el mayor de los descaros y sin que ello parezca tener consecuencias. Según la ley, “las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta deben ser transmitidas simultáneamente por Internet y expuestas posteriormente en el portal de Internet de la Autoridad”.
A la muestra añada la designación de la nueva Procuradora de la Mujer, Lersy Boria. Una funcionaria probablemente muy capaz y comprometida. Pero su designación no cumplió con la Ley que exige explícitamente en su Artículo 4 que la designada “deberá ser una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”.
En todos estos casos el Gobierno sabotea su propia legitimidad. Se automutila y degrada su capacidad de exigir a los ciudadanos que se ciñan al cumplimiento de las leyes. ¿Cómo puede exigir respeto de las leyes quien no las cumple? El juego es peligroso. De esos que es mejor no jugar.
