El pasado fin de semana el gobernador revivió una vieja controversia. Tan vieja que, por más de 10 años, ha sido objeto de discusiones intermitentes. Se trata del futuro de cinco cuerdas de terreno público que se encuentran entre el balneario de Isla Verde y un hotel Marriott. Desde el comienzo, la movida ha traído cuestionamientos y acusaciones de política partidista, como madrina de la concesión de un arrendamiento de terreno público que comenzó como arrendamiento de 50 años, pero que ya ronda los 100.
Todo comenzó en 1996 cuando la junta de directores de la Compañía de Fomento Recreativo, autorizó la transacción. Más tarde, el Gobierno municipal de Carolina pareció dar su visto bueno, aunque más tarde cambió su política pública.
En una esquina, quienes han denunciado que alquilar una playa pública por 99 años en plena zona marítimo terrestre no es una buena idea. Por otra, las voces que aseguran que se trata de una movida que tendrá como resultado la generación de empleos en el renglón del turismo. Tras más de una década de pleitos, el establecimiento de un campamento en la zona en controversia y múltiples recursos legales, Fortaleza decidió dar luz verde a una resolución conjunta radicada por el legislador Eric Correa, que logró un informe positivo de la Comisión de Gobierno del Senado.
Según el secretario de Asuntos públicos, esa firma no es sino la validación de los acuerdos contractuales asumidos bajo pasadas administraciones. Pero todo lo anterior requiere una pausa para lanzarnos, todos, un par de preguntas.
¿Es buena política pública continuar otorgando permisos para construir en zona marítimo terrestre? Me parece que el consejo de los expertos y las experiencias recientes vividas tras el paso de los huracanes Irma y María nos confirman que la respuesta a esa pregunta es un rotundo “no”. Basta con echar un vistazo a comunidades enclavadas en plena zona costera, como Las Carreras, en Loíza, que ha ido perdiendo terreno ante el azote del mar y cuyas casas han sido afectadas por este. O comunidades en Barceloneta y Rincón, cuyos dueños han tenido que mudarse porque sus casas, construidas en plena zona marítimo terrestre, no aguantaron el empuje de las olas. Estos tres casos son solo un ejemplo de lo que se ha convertido en un problema recurrente y que tiene como raíz la falta de planificación o, en su defecto, la conducta temeraria de los Gobiernos, que históricamente han ignorado las recomendaciones de no otorgar permisos de construcción en estas zonas.
Así que, habiendo visto en repetidas ocasiones el efecto de esa mala planificación sobre nuestras vidas y el enorme costo que supone para las autoridades intentar remediarlo, ¿hace sentido insistir en este tipo de permiso?
Si se construye sobre la zona marítimo terrestre y se producen efectos por causa de la marejada ciclónica, ¿será posible levantar el teléfono y pedir a agencias federales como FEMA o aseguradoras privadas que nos den dinero para arreglar lo que se dañó? Conteste usted esa pregunta.
Quizá conviene comenzar a pensar en grande. Sacudirnos del fantasma del inversionismo político, o la decisión mal pensada —cual de ellas aplique— y decidir, por una vez, hacerle caso a los que saben. En el camino, de seguro comenzamos a darle forma al país que merecemos.
