Los primeros días del mes de agosto son sinónimo del inicio de clases. Miles de madres y padres hacen malabares para la compra de uniformes y materiales educativos. Es sinónimo también de ansiedad para miles de niñas y niños ante el comienzo del año escolar, la incertidumbre de la nueva maestra y el fin de las vacaciones de verano.
En Puerto Rico, históricamente, el inicio del año escolar además, siempre ha estado plagado de controversias y de problemas, como la falta de nombramientos de maestras, la ausencia de materiales y libros, y planteles escolares en condiciones deplorables. Desafortunadamente, el 2018 no es la excepción, pero se suman muchísimos agravantes por las acciones de la empresaria que dirige el Departamento de Educación, que no solo demuestran su incompetencia, sino la puesta en marcha de un plan para entregar a la Junta de Control Fiscal y a intereses privados el derecho humano a la educación pública.
El cierre de más de 400 escuelas en dos años conlleva un caos en el inicio escolar. Estudiantes enviados a escuelas distantes de sus hogares, familias con problemas de transportación, la desvinculación de sus comunidades, que provoca diversos problemas sociales. En estos cierres, además, violan la ley, los reglamentos y los manuales de Educación Especial al no brindarles a los estudiantes de dicho programa una ubicación en el ambiente menos restrictivo posible, diseñada de acuerdo con sus necesidades individuales. Incluso, no recibirán los servicios educativos relacionados —como las terapias de diversa índole—, como consecuencia del cierre de sus escuelas.
Hemos tenido tres instancias claras que demuestran que el cierre de escuelas no fue otra cosa que un plan neoliberal y empresarial de la Junta en perjuicio de la educación pública: el reconocimiento de la Sra. Keleher en un documento a la Cámara de Representantes que indicó que no consultó a ninguna comunidad escolar previo al cierre de escuelas; su admisión pública de que los cierres son un mandato de la Junta; y el que empresas extranjeras asesoras de la Junta de Control trabajaron en el plan de cierre de escuelas. Estos hechos demuestran el más vil y asqueante proceso en perjuicio de la niñez y la juventud escolar. Un ejemplo reciente de esta barbarie fue el anuncio del cierre de escuelas en verano, como la John F. Kennedy de Caguas, en mayo, y la Luis Muñoz Rivera de Dorado, en junio. A todo esto le añadimos que, alrededor de 6 mil maestras y maestros, fueron declarados excedentes, a 1,200 no se les han asignado escuelas, y más de 2,000 han sido reasignados a escuelas distantes de sus plazas en violación de ley y sin respetar sus derechos adquiridos.
Han sido diversas las luchas que se han dado por mantener abiertas las escuelas: en la calle protestando; en la Legislatura, desde nuestro escaño; en los tribunales, mediante recursos radicados por las comunidades y organizaciones, que han recibido un nefasto golpe con una decisión que menoscaba los derechos de participación ciudadana.
Sin embargo, no podemos olvidar que quien dirige el Departamento de Educación nombra funcionarios a base de criterios político-partidistas (según ha sido señalado por la Comisión de Derechos Civiles luego de atender nuestra querella-denuncia) y que su único criterio para cerrar escuelas es financiero. Por lo tanto, las batallas en los diversos foros en defensa de la escuela pública tienen que continuar, si queremos defender este derecho humano fundamental.
