Por alguna razón, el equilibrio entre la verdad y la mentira es, con demasiada frecuencia, raquítico cuando se trata de la información que brinda la oficialidad. Si busca, encontrará múltiples ejemplos en todos los Gobiernos. Información “coja”, datos inconexos, o esa insistencia de intentar sustituir la verdad con estribillos propios de la propaganda.
El problema con esto último es que su efectividad es efímera. Basta con la confrontación de la propaganda con datos para lograr que todo colapse. Y eso, tristemente, comienza a suceder con el discurso de transparencia que se elabora desde la oficialidad. Si no lo cree, agarre el caso del caos en el Negociado de Ciencias Forenses. Durante dos meses (tal vez un poco más), informes periodísticos revelaron información e imágenes que evidencian deficiencias administrativas en esa dependencia gubernamental. Pero en lugar de aceptar lo evidente y comunicar un plan correctivo, la respuesta oficial fue el estribillo altisonante; el ataque al mensajero y la elaboración de estrategias de propaganda dirigidas a intentar sepultar las denuncias. Así, desde la Oficina de Seguridad Pública, no solo se atacó a los periodistas que, a fin de cuentas, reseñaban las irregularidades y denuncias de los empleados y vecinos de Forenses, sino que también se optó por intentar convencer al país de que en el lugar reina una total normalidad. En ese “universo paralelo”, los vecinos que sintieron olores objetables durante semanas mentían en sus denuncias. Las de los familiares que, entre lágrimas, denunciaban que los cuerpos de los suyos llevaban semanas “secuestrados” en el negociado eran falsas. También las declaraciones del jefe de patólogos, quien, ante las cámaras de televisión, hizo un llamado al Gobierno para reclutar más de esos profesionales porque los cinco que allí laboran distan mucho del mínimo de 15 requerido por los estándares de la industria. Con esa misma lógica, los videos en los que se muestra el mal manejo de cuerpos son cualquier cosa menos lo que las imágenes dejan claro. En fin que, según importantes portavoces de la oficialidad, todo es un libreto bien montado para hacerle daño a alguien, redactado por algún enemigo imaginario. Pero la realidad es la mejor de las reivindicaciones. La Comisión Cameral de Salud comenzó vistas publicas y, en ellas, la directora interina de Ciencias Forenses fue confrontada sobre los hechos. De poco sirvió el operativo propagandístico para intentar amarrar, desmentir el problema haciéndose valer de algún acceso coordinado a las instalaciones de Forense. “Aquí no huele mal”, decía el jefe de Seguridad Pública. Una afirmación que dos meses después de las denuncias era indudablemente cierta. Y más cuando en plena vista pública se hizo público un video en el que personal de la agencia “pegaba manguera” a los contenedores donde se colocan cadáveres en esa dependencia. Esa misma comisión ha citado a la directora interina del Negociado quien, después de una intensa confrontación por parte de los legisladores, se excusó enferma y el lunes volvió a hacerlo en una carta “autorizada” por su jefe inmediato. La transparencia oficial recibió otro duro golpe cuando, contrario a su compromiso, Forenses no envió la larga lista de documentos que le fueron requeridos por la Comisión de Salud para sustentar sus respuestas ante los legisladores. A la situación en Forenses se suma la necesidad de que el periódico Metro demandara a la Autoridad de Energía Eléctrica para hacer públicas las “minutas públicas” de las reuniones de su Junta de Gobierno. Tras el recurso legal, este diario tuvo acceso a la verdad de lo allí ocurrido. Los nombramientos de Walter Higgins y Manuel Díaz Granados, contrario a la versión oficial, no ocurrieron en las fechas dichas entonces por Fortaleza, sino días antes. Como si fuera poco, tanto las designaciones como los salarios de los funcionarios fueron avalados de manera unánime por la Junta de Gobierno, en la que tiene una silla Christan Sobrino, representante del gobernador ante la Junta Fiscal.
En fin, que el tracto de la discusión pública de este y otros asuntos nos deja con un mal sabor de boca. Por una parte, la violación consuetudinaria de la transparencia exigida por la ley y adoptada como política pública oficial; por otra, la elaboración de respuestas incompletas o, abiertamente falsas, de algunos funcionarios que cargan sobre sus hombros las responsabilidades inherentes a sus puestos. Si tan solo se sacudieran de esa bendita manía de jugar con la verdad, la propaganda sería un esfuerzo innecesario.
