El hallazgo más reciente de un cargamento de agua que fue traído a Puerto Rico como ayuda para los damnificados del huracán María denota que todo se trató de un patrón insostenible, negligente y hasta criminal, principalmente de las autoridades gubernamentales estadounidenses llamadas a asistirnos. Fueron meses cuando todo escaseaba, y cientos de familias no tenían agua ni para bañarse. Me luce que FEMA y demás entidades federales siguen tratando de zapatearse de una labor altamente deficiente tras la emergencia vivida.
Lo peor es que esa negligencia, que raya en lo criminal, está apoyada por la Casa Blanca ante las declaraciones recientes que ha hecho el presidente Donald Trump. Agraciadamente, sus expresiones son impugnadas inmediatamente por la comunidad nacional e internacional.
No así con la vehemencia con la que debieran ser cuestionadas por parte del Gobierno puertorriqueño. El caso de los cientos de paletas de agua encontradas en Ceiba esta semana no tiene otro efecto que no sea el de exponer aún más al Gobierno puertorriqueño como pésimo administrador del operativo de respuesta tras el ciclón. Nos expone así ante Washington, la comunidad internacional y cientos de organizaciones no gubernamentales que dijeron presente. Ante ello, urge transparencia y que el gobernador señale, sin más dilación, al Gobierno de EE. UU. como el responsable de la lenta recuperación que ha tenido nuestro país. El señalamiento tiene que ocurrir con las implicaciones que tiene, y eso incluye la cantidad de muertes que ocurrieron meses después de aquel fatídico 20 de septiembre. El señalamiento tiene que ocurrir, aunque este presente el riesgo de que el temperamento de Trump ponga en peligro la multibillonaria ayuda que falta por llegar.
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Luego de hacer una firme acusación, el Gobierno puertorriqueño tiene que comprometerse realmente con la transparencia. Ello es lo único que garantizará un mínimo de confianza en las instituciones públicas si ocurre otra catástrofe en nuestras islas. Tan pronto el Gobierno supo del exceso de agua acumulada en manos de FEMA debió haberlo publicado. Tan pronto supieron que el agua aparentaba estar dañada debieron decirlo.
Tan pronto decidieron devolverles el agua a los federales, así lo debieron haber informado. Al no haber hecho nada de esto, se les deja el terreno libre a los federales para tirar lodo innecesariamente. La transparencia tiene que ocurrir también en la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias luego de anunciar esta semana que tienen listo un Plan de Catástrofe en Puerto Rico. Si bien es comprensible que aquellos aspectos asociados a posibles ataques terroristas o sabotaje no se pueden conocer, todo lo que tiene que ver con la respuesta del Estado ante un disturbio natural tiene que ser totalmente divulgado. Solo así los ciudadanos y aquellos llamados a ejecutar el plan en los niveles más bajos del Gobierno podrán responder de manera efectiva.
Por último, en el Gobierno isleño deben adjudicarse las responsabilidades por los malos manejos. Deben rendirse ya informes completos y claros sobre el caso de los vagones. Esto también ayudará a restituir la confianza. Tienen que actuar como el agua… ¡Transparentes!
