En el mundo político, hay una máxima antigua que dice: “La percepción es la realidad”. Es decir, aunque un problema no exista, si la gente percibe que lo hay, pues lo hay.
Los administradores públicos tienen que entender que un problema de percepción tiene que ser atendido con igual rigurosidad que la que se impusieron para atender el problema real, si es que de verdad lo resolvieron, porque, si persiste la percepción “equivocada”, podría acabar todo en una desestabilización mayor en el grupo social afectado. Esa desestabilización tiene varios posibles efectos, que van desde el regreso al problema real hasta la pérdida de la legitimidad en las instituciones públicas llamadas a atender los problemas comunes. El problema es peor si ocurren ambas cosas. Si esto pasa, los funcionarios llamados a responder habrán perdido el control y difícilmente hay vuelta atrás.
La inseguridad pública en Puerto Rico es un vivo ejemplo de lo que acabo de explicar. Esta semana hemos tenido todo un “tiroteo” político por el problema del crimen en varias zonas de la capital, que incluyen el Condado y la calle Loíza. El Comisionado de la Policía Municipal de San Juan revolcó el avispero cuando me dijo en mi programa de radio que no existe tal problema y que todo se trata de una “percepción”. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz concurrió, aunque legitima las estadísticas de la Policía estatal que señalan que ha habido un aumento en los delitos contra las personas en el sector santurcino del Condado. Sin embargo, Cruz llamó un “operativo mediático” la visita del martes del gobernador y un grupo de funcionarios a las zonas en controversia. Ayer, el jefe de la Policía a nivel estatal me dijo que no hay tal problema de seguridad pública en el país, que, en el caso de San Juan, han aumentado ciertos delitos y que, aunque coordinan esfuerzos con los municipales, Caldero “puede hacer más”.
En todo esto, José Caldero y Henry Escalera parecen ser los más coherentes, mientras sus jefes políticos recurren al discurso partidista, que nada aporta a la resolución de los problemas. La realidad es que el problema del crimen siempre ha estado ahí: sube y baja. Nunca ha desaparecido. La percepción, a veces más intensa, es que el crimen no ha dejado de ser un problema. Todos nos sentimos inseguros desde hace tiempo.
Por décadas, distintas administraciones gubernamentales han procurado, erróneamente, atacar la percepción y no la realidad. En los noventa, el entonces gobernador Pedro Rosselló lanzó a las calles la Guardia Nacional y militarizó los residenciales públicos. El saldo de aquella política pública llamada “mano dura contra el crimen” no redundó en una disminución del crimen, aunque sí hubo momentáneamente una sensación de seguridad o, al menos, de que el problema se estaba atendiendo. Luego vinieron iniciativas menos agresivas, todas acompañadas de eslóganes publicitarios, que, de igual forma, buscaban atajar la percepción y no la realidad.
La criminalidad en Puerto Rico tiene raíces profundas, que ya se han explicado hasta la saciedad por los académicos y estudiosos del tema. La pobreza, la desigualdad, la dependencia gubernamental y los problemas en la educación son algunos de los factores causantes. Son temas fáciles de enumerar, pero difíciles de atender. Son problemas que se han agudizado después del huracán. Esos son los temas que no son “sexy” para el mundo político porque atenderlos como se supone no rinde resultados rápidos que sirvan para el catálogo electoral de cada cuatro años.
Sin embargo, la atención al problema desde el punto de vista policiaco y punitivo, la parte “fácil”, tampoco ocurre como se supone. La impunidad a todos los niveles es el principal obstáculo. Ayer, Escalera no me pudo proveer las más recientes estadísticas en los niveles de esclarecimiento. La última vez que manejé un número fue hace más de un año cuando Pesquera me dijo que los esclarecimientos en la Policía rondaban por el 40 %, por debajo del nivel que registró la pasada administración. Si los criminales piensan que no se les atrapará, pues seguirán cometiendo delitos. Así de sencillo. A esto le sumamos la falta de policías en las calles y la incertidumbre del Gobierno sobre cuando tendrá dinero para reclutar más personal. Los códigos de orden público no atienden el problema. A mi juicio, obligar al cierre de negocios a ciertas horas es cosa de Estados totalitarios, y son políticas que discriminan contra ciertos sectores, pues siempre quedarán fuera las zonas turísticas donde residen los adinerados.
Por último, la inseguridad se agrava con la oscuridad en las calles. Aunque ya los hogares y comercios tienen restablecido su servicio eléctrico, nuestras carreteras están apagadas. Por las noches, las avenidas en Puerto Rico son boca de lobo.
El lunes, el director de la AEE me dijo que podrían hacer falta 100,000 bombillas para reparar los postes que se averiaron por el huracán. En el Condado nada más, hay 250 postes que le corresponden al Gobierno estatal. Tenemos nuestras calles apagadas y eso provoca numerosos problemas, como crímenes y accidentes. Este es un problema urgente que tiene que atenderse ya. Nuestras calles están siendo alumbradas en su mayoría por los billboards y los letreros comerciales, y eso no puede seguir así.
Puerto Rico tiene una nueva realidad, y el Gobierno, el estatal y los municipales, tienen que atender los problemas. Solo así dejaremos de tener, todos, la percepción de que aún impera el caos y la desorganización.
