Finalizada la más reciente sesión legislativa. Una vez más, el país no tendrá legislación y políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de Puerto Rico. De igual forma, se repitió la historia, la enfermedad legislativa de aprobar medidas a última hora, sin celebrar vistas públicas, para que personas con interés o afectadas por los proyectos de ley o resoluciones se puedan expresar sobre estos informes de comisiones proforma, sin ningún análisis, informes que reconocen que diversas agencias de gobierno rechazan una medida y aun así se hacen informes positivos sin tener la oportunidad de confrontar dicha posición. Durante los últimos días de sesión, la creación de los llamados comité de conferencia entre Senado y Cámara, para dirimir las diferencias de varias medidas legislativas, son realmente unos fantasmas legislativos, pues aunque se incluyen en esos comités a miembros de todos los partidos representados en la Legislatura, la realidad es que nunca citan a los legisladores de minoría y, menos aún, estos participan del proceso de discusión. En esto se aplica la máxima “Soy mayoría y que nadie más opine”, en perjuicio del propio proceso legislativo y de nuestra sociedad, que, al fin al cabo, será quien recibirá los efectos de la legislación acordada y aprobada.
Además, durante todo este cuatrienio —y esta sesión no fue la excepción— añadimos la espada de Damocles de la Junta de Control Fiscal presente, como actores principales de todo este proceso, que nadie voto por ellos, que nadie los eligió, pero determinan y deciden qué se aprueba en la Legislatura. Un ejemplo fue la ya discutida legislación sobre los bonos de COFINA, que se aprobó según impuso la Junta, para con ello cumplir con su principal función: responderles a los grandes intereses y empresas de bonistas norteamericanos en su afán de cobrar, en perjuicio de las finanzas del Gobierno y el país, en general.
El ejemplo más reciente, fue la aprobación de la mal llamada reforma contributiva, más allá de que no es una verdadera reforma que integra a todos los sectores económicos de la sociedad y que lo que promueve son más juegos y apuestas como alternativa económica, esta legislación depende de lo que determine la Junta. El propio liderato legislativo de mayoría lo reconoce al expresar que su reforma contributiva podría terminar siendo “simbólica”, ante el inminente rechazo de la Junta.
Veremos en el futuro cercano cuál será el destino de otros proyectos de ley, incluso aprobados por unanimidad, cuando la dictadura de la Junta los rechace por no responder a los intereses de los bonistas.
La alternativa no puede ser solicitarles que acudan al Capitolio a rendir cuentas a la legislatura PNP; ni tampoco un eterno litigio en los tribunales, como propone el PPD. La verdadera solución es política, y consiste en la confrontación directa y el rechazo a las políticas de la Junta y al sistema que la viabiliza.
Para ello, es importante aprobar las medidas radicadas por la delegación del PIP en Cámara y Senado contra la Junta, como el PC 1714, que ordena la celebración de una consulta en la que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de reclamar la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal y exigir al Congreso que ponga en marcha un proceso de libre determinación que le ponga fin al régimen colonial en Puerto Rico, que permite la implantación de esa odiosa entidad.
