El Departamento de Justicia que dirige Wanda Vázquez al parecer decidió abrogarse poderes que le corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
La Cámara de Representantes identificó $3.6 millones para atender una exigencia constitucional que tiene el Estado: proveerles representación legal a los pobres que están acusados criminalmente y en riesgo de perder su libertad.
En la práctica, la manera en que el Gobierno cumple con su responsabilidad constitucional —dispuesta también en el ordenamiento federal— es asignándole dinero a la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), y si esta organización no puede asumir un caso, pagándoles a abogados privados que los jueces asignan a ciertos acusados.
Para eso, precisamente, eran los $3.6 millones dispuestos en la Resolución Conjunta de la Cámara 355, que establece, según informes de prensa, que el dinero es “para uso exclusivo del pago de gastos y honorarios a los abogados de oficio nombrados por el tribunal”. Ese mandato legislativo, al parecer, no impidió que el Departamento de Justicia hiciera lo que quiso con ese dinero.
Sin encomendarse a la rama de gobierno encargada del presupuesto, el Departamento de Justicia, aparentemente, decidió que ese dinero no sería usado para el fin designado, sino, en cambio, para pagar la renta de las oficinas de los fiscales.
El Colegio de Abogados, en dos cartas dirigidas a Vázquez, le ha cuestionado “la desaparición” de los $3.6 millones. Hasta el momento, Vázquez no ha respondido, ni tan siquiera en Twitter ni en un Facebook Live. Res ipsa loquitur.
Hay dos razones primordiales por las cuales a usted le debe importar que este millonario desembolso no se utilice para el fin que decidió la Legislatura.
En primer lugar, la teoría política dice que elegimos a unos representantes y senadores para que ellos se encarguen de cómo organizarnos como sociedad y gobernarnos. Las asignaciones presupuestarias son la manifestación práctica de esta teoría. Nos puede gustar o no que asignen a una cosa u otra, pero el mecanismo para expresar nuestro disgusto son las manifestaciones —el derecho a peticionarle al Gobierno— y el voto. Les corresponde a los líderes electos, y no a una secretaria de agencia, determinar cómo se usan los chavos de los contribuyentes.
En segundo lugar, desde el caso de Gideon v. Wainwright, resuelto por el Tribunal Supremo federal en 1963, es un derecho constitucional tener abogado pagado por el Estado si uno enfrenta un proceso criminal y no tiene dinero para costearlo. Por eso, vemos cómo en las películas siempre el policía que coge al sospechoso dice: “Tiene derecho a un abogado y, si no puede pagarlo, se le asignará”. Ni el Tribunal Supremo federal ni nuestro Tribunal Supremo ni las constituciones de Estados Unidos o Puerto Rico establecen el derecho constitucional a pagar las rentas de las oficinas de los fiscales. En cambio, sí destacan que es sacrosanto proveer abogados en procesos criminales y, para ello, se tiene que asignar dinero.
Eso lo entendió la Legislatura y actuó acorde con ello. La ejecución, que le correspondía precisamente al Ejecutivo en la figura de la secretaria Vázquez, al parecer no lo entendió.
