En Puerto Rico, el acceso a la salud es un privilegio y no está concebido como un derecho humano fundamental. Es el resultado de un sistema político, social y económico que fomenta una mirada basada en el lucro desmedido, en este caso de las aseguradoras, y no basado en los principios de la solidaridad y la empatía humana.
Esa desacertada filosofía de ponerle precio a la vida, perpetuada por décadas de Gobiernos sin voluntad para transformar un modelo de salud evidentemente injusto y deficiente, es la misma visión que hoy, en medio de la llamada crisis fiscal, permite que se atente en contra de más de cien mil trabajadores públicos quienes están en riesgo de ver reducidas las aportaciones patronales del Gobierno. Otro capítulo más del menoscabo de los derechos de los y las trabajadoras.
A ello le sumamos nuestra realidad colonial, condición que permite la existencia de la Junta de Control Fiscal que, una vez más, la emprende en contra de la clase trabajadora y el país. Desde mi espacio legislativo y desde el Partido Independentista Puertorriqueño, toda nuestra solidaridad y apoyo a los empleados públicos que hoy están en la calle reclamando su justo derecho a tener acceso digno a la salud.
De hecho, desde abril radiqué la Resolución concurrente 317 con el fin de ordenar la paralización de cualquier programa para igualar (mediante reducción) las aportaciones del Gobierno al plan médico o cualquier otro tipo de reducción en las aportaciones al plan médico de los empleados del Gobierno y las Corporaciones Públicas. Esta ha sido ignorada por la mayoría parlamentaria. No hay voluntad en este Gobierno para enfrentar genuinamente a la Junta de Control más allá de las palabras.
Por otro lado, la amenaza que hoy vive un sector considerable de la clase trabajadora pública del país, es también un claro ejemplo de por qué es imperativo sustituir el actual modelo de salud, basado única y exclusivamente en el afán de lucro de los planes médicos, por un modelo de salud universal que garantice el acceso equitativo y de calidad para todos los ciudadanos, la clase trabajadora en general, las jefas de familia, sus hijos, nuestros jóvenes y los adultos mayores. Una propuesta que hemos impulsado desde el PIP durante décadas.
En septiembre del año pasado, radiqué el Proyecto 1253 para crear el Plan Nacional de Salud y establecer una nueva política pública que sentaría las bases para un modelo de salud universal en Puerto Rico. Un modelo basado en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, acceso universal a los servicios de salud, énfasis en la atención de salud primaria enfocada en las necesidades de la comunidad y gobernanza democrática del sistema en los ámbitos nacional, regional y local, entre otros aspectos contenidos en la medida.
Necesitamos un nuevo modelo de salud. Necesitamos confrontar políticamente a la Junta de Control Fiscal y necesitamos comenzar un verdadero proceso de descolonización que nos permita comenzar a construir un país libre, justo y próspero.
