El problema y crisis social de la criminalidad siempre ha estado presente en la discusión pública, su mayor resonancia se da —en ocasiones— como reacción a tragedias que destruyen familias e impactan a la comunidad.
En la época de las redes sociales, de los videos a través de celulares, la tragedia, los crímenes, que van desde el robo en un centro comercial hasta el asesinato mediante la ejecución, son súper cercanos. Es como ver en un aparato electrónico una “película”, cuyo guion y escenas no son de ficción, sino la triste y fatídica realidad que nos arropa, nos indigna y nos provoca.
Por décadas, la reacción del Gobierno ha sido la misma: reclamar que Puerto Rico es un país de “ley y orden”, que es necesario modificar el plan anticrimen, reclamar más intervención de los federales, aumentar las penas y crear nuevos delitos.
Ahora se añade al catálogo de lamentos y de justificaciones la reducción en el presupuesto y la responsabilidad de Junta de Control Fiscal. Además, siempre tenemos la conferencia de prensa rimbombante, con el anuncio de una “gran cumbre”, la foto de todos los jefes de las agencias de gobierno relacionadas con el llamado “orden público”, hoy denominadas negociados, como resultado de una innecesaria e inoperante ley que creó el Departamento de Seguridad Pública.
A todo esto le añadimos el reclamo fatulo —administración tras administración— de que los asesinatos o ciertos delitos graves han disminuido, convirtiendo un complejo problema social en un asunto de números y estadísticas, en sumar y restar, sin considerar factores sociales, como la emigración, la disminución de población, las deficiencias en el manejo de las estadísticas e informes de la Policía de Puerto Rico, las realidades urbanas y las acciones del crimen organizado.
Si bien es necesario mejorar las condiciones de trabajo de los y las policías, profesionalizar y dotar de equipos necesarios la investigación, también es necesario reformularla desde la formación del policía como se plantea desde diversas organizaciones como Kilómetro Cero, la ACLU de Puerto Rico y Espacios Abiertos.
Llevamos décadas planteando la necesidad de afrontar el problema de la criminalidad desde una perspectiva multidisciplinaria, de reconocer y trabajar con los problemas de desigualdad social, la pobreza, la baja tasa de participación laboral, la relación entre la drogodependencia y el narcotráfico en la actividad criminal diaria, la crisis de salud mental y educativa y su vinculación particularmente con la juventud y el perfil del joven confinado.
Insistir en la despenalización, la medicación e, incluso, la legalización de ciertas drogas en Puerto Rico. La ausencia de una amplia y contundente política pública de rehabilitación del confinado. Entender la necesidad de reconocer que la violencia contra la mujer es también una crisis social y la ausencia de una perspectiva de género para atenderla.
Existen los estudios, escritos, tesis, aportaciones de diversas entidades como el Colegio de Profesionales del Trabajado Social de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la Universidad de Puerto en sus distintos Recintos, la Universidad Carlos Albizu, entre otras organizaciones, sobre esta crisis social y humana. Lo que hace falta es la voluntad gubernamental para reconocerlo y comenzar una nueva ruta para la trasformación social.
