La cosa ya se torna frustrante. Sobre esto les hablaba en la pasada entrega de mi columna semanal. Los problemas que enfrentamos como país son enormes. Y lo son en gran medida porque hemos dilatado la puesta en marcha de las medidas que podrían ayudarnos a resolverlos. Pero parecemos atrapados en uno de esos espacios en los que el tiempo no transcurre. Así, como en un déjà vu eterno, nuestros problemas son los mismos. Los discutimos, siempre con la misma óptica y, como consecuencia, los resultados siguen siendo iguales.
Hoy, por ejemplo, la oficialidad llevará a cabo una cumbre de seguridad. Se trata de una iniciativa bien recibida, puesto que se da en un momento de alto interés público sobre el tema del crimen. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado en el que se nos ha hecho difícil salir del bla bla bla y pasar a poner en marcha las verdaderas soluciones. Basta con repasar la historia de Puerto Rico desde comienzos de los años 2000 y, antes que eso, la década del noventa. Hacerlo nos llevará a concluir que las cumbres de seguridad ya han pasado a visitar. Con distintos nombres y formatos, pero siempre dirigidas a lo mismo: discutir el problema criminal y proponer soluciones. Solo que después de la discusión, las soluciones o son ignoradas o han sido engavetadas. ¿Se acuerda de COPREVI? Esas siglas responden a la Comisión para la Prevención de la Violencia, una iniciativa encabezada por la exgobernadora Sila Calderón para estudiar el tema del crimen. El resultado de aquella comisión se vio tras haber finalizado su cuatrienio y recomendó una mirada a la raíz del problema criminal, en la que se reconoce que el perfil del confinado nos revela que más de la mitad de quienes están en la cárcel vienen de áreas económicamente desventajadas y que un enorme porcentaje no completó la escuela superior. También revela que quienes han tenido éxito combatiendo el crimen vinculado al narco se han alejado de las “manos duras” o “castigos seguros” para acercarse a una mirada que reconoce y atiende las raíces socioeconómicas del crimen.
Si está probado y requeteprobado y requeteprobado y recontraprobado que el crimen y el narco tienen como caldo de cultivo la desigualdad social y la falta de acceso a una educación de calidad, ¿por qué seguimos sacando de nuestros “planes anticrimen” los planes de desarrollo económico, la creación de buenos empleos y un refuerzo al sistema de educación? La respuesta a esta pregunta se me escapa.
De seguro, el actual Gobierno puede buscar en algún rincón de Fortaleza los archivos de pasadas administraciones —rojas y azules— y descubrirá que nuestro problema criminal ya ha sido diagnosticado, y los antídotos, recetados. Pero lo sugerido siempre cae en oídos sordos.
Porque más allá de los titulares y de las primeras planas del momento, las cumbres —en cualquiera de sus modalidades— han tenido como resultado lo mismo: nada. Ojalá que, en esta ocasión, para variar, el Gobierno esté dispuesto a evaluar con total apertura las recomendaciones de los expertos. Porque las sugeridas por la oficialidad han tenido décadas de turnos al bate y ya es evidente que nos ponchamos.
