Un nuevo capítulo de asuntos turbios en el otorgamiento de contratos en el Gobierno ha secuestrado la discusión pública por la última semana y todo apunta a que la saga de este terrible drama continuará.
En esta ocasión, el caso salpica de lodo al por segunda vez nominado a la posición de secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, quien, durante su primera escala en la silla de jefe del Tesoro Nacional, así como cuando fue secretario de la Gobernación, viabilizó y autorizó el otorgamiento de más de una decena de contratos que, directa e indirectamente, benefician a su hijo.
De esa jauja de contratos también hay quienes se han lucrado por muchos años. Tal es el caso de la compañía que maneja la plataforma digital de venta de sellos y comprobantes del Departamento de Hacienda, OPG Technology Corp., arrimada a esa agencia en 2007 como parte de una política pública de privatización de servicios que había iniciado años antes.
Entonces, Hacienda otorgó un contrato a esta empresa para que desarrollara una plataforma digital para la compra y cancelación de sellos y comprobantes. La empresa no solo cobró por esa gestión, sino que, además, alegó ser dueña de los derechos de autor de esa plataforma, según se desprende de varias investigaciones periodísticas.
A esta empresa, de la que se ha señalado que no goza de credenciales de experiencia en el área de tecnología, contabilidad o administración pública, el Gobierno le otorgó la exclusividad de la venta digital de los sellos. Un verdadero monopolio que, según ha trascendido, tiene un margen de 44 % en ganancias, en un negocio que llega a generar hasta $400,000 mensuales.
Mas no fue hasta hace unos días, tras la renuncia de la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, que todo este esquema detonó en la opinión pública, sobre todo porque no había constancia detallada, precisa y continua de las ventas de sellos y comprobantes, lo que impedía identificar con certeza la cantidad justa que debería recibir Hacienda por esas transacciones.
Con la abrupta salida de Fuentes también quedó al descubierto la jauja de contratos que han beneficiado a amigos y parientes de Maldonado Gautier.
El escándalo de todos estos contratos abona al desprestigio de la gestión pública porque cristaliza las arbitrariedades en las contrataciones y la poca o nula fiscalización de las agencias concernidas. Hay también violación a las normas éticas en las que se supone se asienten los deberes y responsabilidades de la acción gubernamental.
Hace muchos años que andamos advertidos de la vigilancia que, en orden del ejercicio de gobernar, debemos depositar sobre los funcionarios para evitar, como señalaba Jean-Jacques Rousseau, que el apetito individual sucediera el deber. Mucho hemos desaprendido cuando todavía contemplamos las acciones inescrupulosas que se desprenden desde posiciones de poder.
Lo más trágico es que muchas de las actuaciones que embisten los funcionarios quedan, al final del camino, inmunes. Mal utilizan fondos públicos y se aprovechan de sus posiciones para favorecer a familiares y allegados y nada pasa.
Las autoridades investigativas y judiciales, por más que se esfuercen, no logran disuadir esta conducta. Por el contrario, las malas prácticas se esparcen como plagas por cada recoveco de nuestras instituciones gubernamentales.
Mas aún estamos a tiempo para corregir los errores y recuperar el sentido ético del ejercicio público y, a su vez, recobrar la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno. Es cuestión de voluntad.
