Muchos recordamos la cantidad de tiempo invertido, por los que hoy gobiernan, en el tema de la transparencia gubernamental durante la campaña eleccionaria. Los mismos que al día de hoy se proyectan como los paladines de la pulcritud y la sana administración. Desafortunadamente, eso es solo una proyección, un espejismo, ya que sus acciones demuestran lo contrario.
¿Dónde está la transparencia cuando en el Departamento de Hacienda se contrata a varias compañías para asesorar en áreas de información y tecnología y resulta ser que el subcontratado es hijo del que aprueba el contrato, quien, a su vez, fue y está actualmente nominado al puesto de secretario de la agencia? Pregonan la transparencia en cada esquina, pero desechan el concepto de la mera apariencia de conducta impropia.
Como si fuera poco, todo este escándalo trasciende a la luz pública cuando la pasada secretaria de Hacienda renuncia y objeta de manera soslayada ese asunto.
De igual forma, resultan altamente cuestionables las posibles irregularidades en el contrato con la empresa OPG Technology (OPG) para la venta digital de sellos y comprobantes de Hacienda, que según informes periodísticos representan una ganancia millonaria para dicha empresa a razón de más de $400,000 al mes.
Se ha alegado públicamente, la existencia de un fraude millonario con los comprobantes y sellos de Hacienda, mientras que las autoridades investigativas no han aclarado aún si las alegaciones están siendo investigadas de manera oficial. Un ejemplo más en el que se lacera la confianza del pueblo en sus instituciones públicas.
Es, por tal razón que, junto al compañero senador, Juan Dalmau Ramírez, radicamos un paquete de medidas legislativas para que se investigue y se requiera información relacionada con el contrato de OPG con Hacienda.
Como nota al calce, la posible existencia de un esquema fraudulento en la venta de sellos y comprobantes tendría grandes repercusiones sobre muchas transacciones de naturaleza legal y comercial. Miles de personas podrían ver en peligro transacciones realizadas dentro y fuera del Registro de la Propiedad relacionadas con áreas tan fundamentales como su hogar, afectando así su estabilidad económica y emocional. Asimismo, dicha posibilidad abriría la puerta a reclamaciones legales a nivel civil y penal.
Para sumar a la controversia, en 2014 el Departamento de Justicia emitió una opinión mediante la cual concluyó que varias disposiciones incluidas en los contratos previos con OPG eran nulas por violar distintas leyes. Pero, a pesar de lo anterior, e incluso luego de que el Gobierno obtuviera victorias judiciales sobre OPG en torno a asuntos relacionados con estos contratos, el Departamento de Hacienda transigió posteriormente los casos y suscribió nuevos acuerdos con la misma empresa. Los nuevos contratos mantuvieron muchas de las disposiciones que el Departamento de Justicia entendía violatorias de la ley.
En vista de lo anterior, es necesario que la Legislatura realice la investigación que propusimos sobre el proceso de contratación entre el Departamento de Hacienda y OPG así como del desempeño de la compañía para cumplir con las obligaciones incluidas en los contratos para la venta digital de sellos y comprobantes. Las resoluciones de los legisladores del PIP están sobre la mesa para que las atiendan y les den paso.
Si vamos a hablar de transparencia, que sea de verdad y no como otro estribillo hueco de campaña, tal y como ocurrió recientemente con la aprobación del acuerdo de Cofina (por mencionar otro ejemplo) aprobado a última hora en la Legislatura ignorando los planteamientos y reclamos de miles de puertorriqueños. Si no actúan, lo demás es puro aguaje.
