Un estudio publicado recientemente por profesores del Departamento de Administración y Política de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan (Ann Arbor) y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Utah (Salt Lake City) evaluó la variación en la respuesta federal ante los desastres naturales provocados por los huracanes Harvey, Irma y María en 2017. Dicho estudio examinó los niveles y la celeridad de la respuesta por parte del Gobierno federal en comparación con la necesidad y la gravedad del daño de las tormentas en las distintas jurisdicciones impactadas, enfocándose en los niveles del gasto federal, los recursos federales distribuidos y los recuentos directos e indirectos de mortalidad producto de las tormentas.
Conocemos de primera mano que estos fenómenos atmosféricos causaron estragos con consecuencias duraderas para la salud pública, la salud mental y los resultados de salud física a largo plazo, incluidos la depresión, el trastorno de estrés postraumático, la discapacidad y las enfermedades transmitidas por vectores debido a las inundaciones prolongadas. Sin embargo, lo que se destaca, y no ha sido discutido en detalle, es el tratamiento desigual por parte de las autoridades federales en respuesta a estos desastres en los Estados Unidos. Existen variedad de razones a las cuales se puede atribuir la diferencia en el grado y la celeridad de la respuesta federal: geografía, fatiga por desastres, disponibilidad de recursos, raza/origen étnico, etc. Sin embargo, no queda duda de que, en la medida en que las respuestas a desastres son inadecuadas, se afecta la salud pública y la equidad en la salud de las personas y comunidades que viven el desastre y se complica el panorama de recuperación.
Los resultados del estudio de los profesores de Michigan y Utah demuestran que el Gobierno federal respondió en mayor escala y con mayor rapidez por medio de asignaciones de fondos federales y personal para los huracanes Harvey e Irma en Texas y Florida, en comparación con el huracán María en Puerto Rico. Según los datos recopilados, la variación en las respuestas no fue acorde con la severidad de la tormenta y la necesidad cuando se compara el caso de Puerto Rico con Texas y Florida.
Este resultado no sería sorprendente si el huracán María hubiese generado menos daños que Irma y Harvey. Sin embargo, los huracanes Harvey e Irma tocaron tierra como huracanes de categoría 4 de menor escala, mientras que María golpeó a Puerto Rico como categoría 4, pero justo por debajo del umbral de un huracán de categoría 5. Es indiscutible y ha quedado documentado el hecho de que María causó más daños en Puerto Rico que Irma en Florida, o Harvey en Texas, en términos de pérdida de electricidad y destrucción de viviendas, con estimaciones de daños globales comparables a Harvey, y mayores que las estimaciones de Irma. Suponiendo que los costos de infraestructura sean más altos en Texas y Florida, y por lo tanto, más costosos de reparar, en comparación con Puerto Rico, los altos estimados de daños en Puerto Rico evidencian la gravedad de los daños causados por María. Por lo tanto, si se asume que las respuestas a desastres deben ser proporcionales al grado de gravedad de la tormenta y la necesidad de la población, la respuesta federal es cuestionable y el grado de variación entre las respuestas a desastres es problemático.
Puede haber muchas razones diferentes por las cuales la respuesta federal varió en cada caso. La capacidad de acceder al área afectada en función de la geografía y la distancia, la infraestructura existente, ayudando o actuando como barreras para los esfuerzos de respuesta, la fatiga provocada por el desastre, así como las cuestiones de discrimen racial y las percepciones de una ciudadanía de segunda categoría, pueden haber afectado la asignación y la entrega de recursos y el financiamiento en las zonas afectadas en cada huracán.
Sin embargo, lo que no se puede cuestionar es que las respuestas fueron, de hecho, diferentes en los puntos críticos del tiempo, y estas diferencias tienen serias consecuencias para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción. La ironía de todo esto radica en el hecho de que una de las primeras asignaciones de dinero federal en la historia de los EE. UU. fue para ayuda humanitaria en casos de desastre, enfatizando la importancia crítica de la responsabilidad del Gobierno federal de ayudar a sus ciudadanos en el caso de desastres naturales.
Ante la patente inequidad con que se ha tratado a nuestra isla, confío en que nuestro pueblo sea capaz de unir esfuerzos para levantar a Puerto Rico. Es un hecho que los representantes del gobernador en estos asuntos —el director de PRFAA, Carlos Mercader, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil, y el director de la Oficina para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Omar Marrero— han actuado con la diligencia y el profesionalismo que estos asuntos requieren. Queda solo esperar que el discrimen contra Puerto Rico por parte del Gobierno federal no vuelva a complicar el panorama.
