Nadie duda que en Puerto Rico necesitamos un proyecto de desarrollo económico que considere, entre otros asuntos, medidas para generar empleos mediante un esquema de inversión de capital que no sea oneroso para los puertorriqueños.
De la misma manera, debemos crear mecanismos para incentivar al empresario puertorriqueño sin lacerar el bolsillo de los trabajadores; revisar las restricciones de las Leyes de Cabotaje que, según varios estudios, entre costos de flete y transporte nos cuestan miles de millones al año; aumentar la tributación a las empresas foráneas; y reducir los impuestos con una verdadera reforma contributiva.
Cierto es, además, que la deuda pública tiene que reestructurarse, para lo que es necesario una seria y cabal auditoría.
Sin embargo, esa hoja de ruta ha sido obstaculizada por los caprichos de una junta colonial que, al amparo de la Ley Promesa, lo único que ha hecho es cargar sobre los hombros de la ciudadanía una política de ajustes fiscales con efectos nocivos en las condiciones de vida de trabajadores y profesionales, así como en el resto de la población, principalmente jubilados y desempleados.
La receta de la Junta de Control Fiscal, amarga por demás, se ha sostenido en un plan de ajustes en la estructura gubernamental con recortes serios para la operación del Gobierno, que al momento han afectado crudamente áreas como salud, seguridad, educación y, particularmente, a la Universidad de Puerto Rico.
Tengamos presente que si la alternativa al cuadre fiscal solo vislumbra una reducción del gasto público, los efectos se sentirán con mayor fuerza en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Por eso, la estrategia de achicar la estructura del Gobierno y recortar servicios, clásicas recomendaciones neoliberales, no solucionan nada. Por el contrario, expertos economistas han alertado que esa ruta es fatal para el crecimiento económico.
Esa Junta, a su vez, representa un gasto exorbitante de fondos públicos que muy bien pueden ser invertidos en áreas de interés social. Basta revisar los salarios de sus funcionarios y la cantidad de dinero que emplean en asesores y servicios profesionales. Nada que ver con la austeridad que reclaman para el país.
Uno de esos salarios de espanto era el concedido a Noel Zamot, el ingeniero y exmilitar a quien se le asignó la tarea de identificar los proyectos de infraestructura que se supone que ayudarían a revitalizar nuestra economía. Este señor fue nombrado coordinador de Revitalización de la Junta, un puestazo con el que devengaba un sueldo de $325,000 al año. En arroz y habichuelas esto se traduce a un cheque mensual de $27,000.
En sus tareas, Zamot tenía que identificar proyectos de desarrollo económico y estaba encomendado a lograr su aprobación, aunque eso significara pasarles por encima a los procesos establecidos en nuestro ordenamiento legal y administrativo.
En cambio, su primer gran “proyecto” fue revivir la planta de incineración de desperdicios sólidos para generar energía, Energy Answers, que fue fuertemente impulsada por los amigos del pasado gobernador, Alejandro García Padilla.
Generar energía mediante la quema de basura que, en consecuencia, lanzaría al aire cenizas cargadas de plomo, mercurio, arsénico y cromio era una aberración ambiental. Hizo bien el gobernador Ricardo Rosselló Nevares al cancelarlo, cónsono con los reclamos de las comunidades que solicitaban protección para su salud.
Lejos de la idea de imponer esa planta de incineración, Zamot se va de su cargo 20 meses después de ser nombrado habiéndose echado al bolsillo más de $500,000 y sin lograr ni un solo acierto en su agenda.
Entonces, para compensar su ineficiencia, Zamot va a un evento de inversionistas para hablar de su alegada renuncia a la Junta y no pierde oportunidad de lanzar dardos a mansalva contra el Gobierno, salpicando comentarios con lodos que afectan la confianza institucional.
Hoy sabemos que este exmilitar, elogiado por los fanáticos y acólitos neoliberales de la Junta, nunca se quejó ante sus jefes de los inconvenientes que, según ha dicho, tuvo en el camino para implementar su agenda. Tampoco ha querido dar ni un solo nombre de quién alega entorpeció su labor. Este individuo no ha tenido la valentía de detallar la corrupción que quiere imputar.
Al parecer, la falsedad es el escudo que ha levantado Zamot para escudar la ineptitud, no solo de él, sino de todos los miembros de la Junta, destacando a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y su jefe máximo, José Carrión III, quienes en su ejercicio solo han procurado pisotear el bienestar del país asfixiándonos con medidas austeras y recortes descomunales que atentan contra los servicios públicos de nuestra ciudadanía.
La Junta no tiene razón de ser. Zamot es vivo ejemplo de ello.
