Un viejo dicho reza que el que nada debe nada teme. Y la verdad es que, al ver el tracto público de la compañía AES y el asunto con el manejo de las cenizas que son resultado de su operación en la isla, cualquiera puede concluir que lo que se esconde es mucho. Claro que esa conclusión podría ser equivocada, pero solo ello parecería explicar por qué la empresa se niega consistentemente a ser transparente sobre sus operaciones en la isla.
Dos denuncias recientes hechas por la secretaria del Departamento de Recursos Naturales abonan a lo que les comento. Sucede que, según la titular de esa agencia, AES ha excedido los parámetros establecidos para sus operaciones. ¿No es exceder los parámetros lo mismo que contaminar? Eso es precisamente lo que significa y lo que ha concluido un estudio de la Environmental Integrity Project, que utilizando los datos provistos por el propio AES, ha concluido que la planta de la isla es una de más de 200 industrias en jurisdicción de los Estados Unidos que contamina aguas subterráneas. Precisamente, Recursos Naturales emitió contra AES una multa de $160 mil dólares por exceder los parámetros y, además, por negarse a cumplir con los requerimientos del Gobierno local para presentar sus planes de muestreo y, según Vázquez, un plan para explicar cómo remediará el resultado de sus prácticas sobre aguas subterráneas locales.
La cosa no termina ahí. Según Recursos Naturales, AES ha incumplido con pedidos de información sobre sus operaciones y órdenes administrativas desde marzo de 2018. La compañía habría incumplido el 15 de marzo, el 5 de abril, el 10 de mayo, el 5 de junio, el 14 de agosto y el 26 de diciembre. Así, como quien se piensa intocable y sin que hasta ahora halla tenido mayores consecuencias. Y es que, aunque AES ha sido multado, sus directivos han respondido asegurando que no reconocen la jurisdicción del Gobierno de la isla. Algo así como el equivalente a decir: “Estoy en tu casa, violo tus reglas y no sigo tus instrucciones”.
Pero a todo lo anterior se suma un asunto que resulta aún más escandaloso ante mis ojos. Según dijera la pasada semana en Dígame la verdad (el programa que Milly Méndez y yo moderamos en Radio Isla 1320), el Gobierno de Puerto Rico ni siquiera sabe a ciencia cierta si AES está enviando fuera de la isla las cenizas producto de su operación. Según Vázquez, la compañía se ha negado a entregar documentos que validen esa afirmación, por lo que la isla solo cuenta con su palabra como prueba de que las cenizas —todas ellas— se están sacando fuera del país. Lo anterior debe evaluarse en el contexto de las denuncias recogidas por la agencia de noticias Cybernews hace unos días, en las que vecinos de la comunidad Miramar en Guayama acusaron a la gerencia de AES de intervenir y perseguir a residentes que documentaban con sus cámaras el manejo de las cenizas de la compañía en una barcaza. Los vecinos temen que unas 250 mil toneladas de ese material sean dejadas en terrenos del sector.
Ante todo lo anterior, ¿debe el Gobierno local seguir poniendo “la otra mejilla”? Me luce que la incapacidad de AES de cumplir las normas establecidas en la isla y su reto abierto a los poderes de las agencias locales deben suponer suficiente agravio, porque las reglas las pone el dueño de la casa, no la visita.
