Desde mi llegada a la Cámara en 2017, he asumido posición en diversos temas: proponer un proceso de autodeterminación mediante una Asamblea Constituyente, la lucha por defender a la clase trabajadora y los derechos humanos, impulsar un plan de salud universal, la unicameralidad, así como medidas de justicia social y equidad.
Además de estos temas, he abordado la preservación, la protección y la fiscalización del patrimonio cultural del país. Radicamos resoluciones para investigar el monopolio en el cine, que impide la promoción del cine puertorriqueño (RC 498); así como las investigaciones de los murales y obras de arte abandonadas en escuelas cerradas, alquiladas o vendidas (RC 872 y RC 1025); denunciamos el estado de deterioro avanzado en que se encuentra el Polvorín de Miraflores, una joya de la ingeniería militar del siglo XVIII ubicado en Isla Grande (RC 1123) y propusimos declararlo monumento y lugar de valor histórico (PC 1822) ; también acogimos la denuncia de un grupo de artistas boricuas sobre los contratos de municipios a una sola empresa para realizar esculturas que, a su vez, consigna estas a artistas en el exterior (RC 1393).
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En los pasados cinco años, la compañía Julissa Casting ha obtenido contratos con municipios y agencias públicas —muchas veces sin un proceso de subasta— por más de $14 millones. Esto no solo destapa un terrible manejo de fondos públicos, sino que, además, es una constante violación a la Ley de Municipios Autónomos que dispone que se “considerarán a los artistas puertorriqueños en primera opción al momento de efectuar una compra o adquisición de artículos u obras de arte.”
Por otro lado, y también como parte de nuestra labor de preservar nuestras artes y cultura, en la sesión de ayer, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 311 de mi autoría, que ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña realizar un inventario urgente de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que están situadas en las estructuras e inmuebles que son propiedad del Gobierno de Puerto Rico, así como entidades privadas en posesión de algún inmueble gubernamental, con el fin de garantizar la custodia y la protección de estas obras de arte, murales, pinturas y esculturas.
Esta medida respondió a la denuncia de varios artistas de que, en una escuela que el Gobierno acababa de arrendar a una entidad privada en Carolina, se encontraba un mural del maestro José Antonio Torres Martinó. Hicimos una investigación que demostró que el mural había sido borrado por la entidad arrendataria sin que el Gobierno se enterara.
Además del mural de Torres Martinó, otros maestros y artistas han hecho obras en nuestras escuelas, como Epifanio Irizarry en la Francisco Zayas de Villalba, Augusto Marín en la Juan Ramón Jiménez de Bayamón, Julio Rosado en la Einstein de Santurce y Rafael Tufiño en la Ramón Power de Las Piedras. También, bustos del escultor Tomás Batista adornan escuelas en Bayamón, Caguas y Juana Díaz, entre muchas otras obras de arte que no se pueden perder.
La aprobación de esta medida ayudará que la tragedia sucedida al mural del maestro Torres Martinó no vuelva a ocurrir, salvaguardando y protegiendo nuestro patrimonio histórico cultural. Seguiremos trabajando desde mi escaño, en defensa del arte y la cultura puertorriqueña, porque es parte de nuestra historia y formación como pueblo, así como la máxima expresión de nuestra nacionalidad.
