No recuerdo un solo cuatrienio en que los temas del mal manejo de fondos públicos y la corrupción gubernamental no estén presentes en la discusión pública, son un problema constante que —desgraciadamente— continuarán impunemente sucediendo.
En cuanto al mal uso de fondos públicos, tenemos diversos ejemplos, otorgamiento de contratos sin subastas, el pago inflado de bienes y servicios, el diseño de obras de construcción que luego no se construyen, construcción de edificios que luego no se utilizan, sustitución de servicios públicos mediante la privatización a costos elevados.
La definición de corrupción es “[e]n las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho —económico o de otra índole— de sus gestores”, podríamos añadir práctica constante en el Gobierno Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas y municipios.
La corrupción gubernamental se manifiesta de distintas maneras, los nombramientos de empleados públicos en puestos de carrera utilizando como criterio su ideología política, el quid pro quo entre contratistas y jefes de agencia o alcaldes para obtener un contrato, la utilización de dinero, equipos y materiales públicos para servicios privados, los “empleados fantasmas” que ganan sueldos sin trabajar, nombramientos de familiares o nepotismo, el uso del poder político para recibir privilegios y beneficios indebidos, el malgasto de fondos públicos promocionando las figuras públicas en revistas y programas de televisión, incluso la contratación de servicios profesionales en el Gobierno a cambio de donaciones a campañas, entre muchos otros ejemplos que podríamos señalar.
Cuatrienio tras cuatrienio, los medios de comunicación reseñan distintos casos, como arrestos de funcionarios y alcaldes, investigaciones por la compra del cuadro telefónico en la Cámara o la reciente investigación de empleados fantasmas en el Capitolio, la compra de influencias y sobornos, incluso en procesos judiciales. Estos actos son los que minan la confianza del país en las instituciones gubernamentales y, además, frustran e indignan a miles de servidores públicos honestos y de excelencia.
Existe legislación para proteger los fondos públicos, para evitar la corrupción y para prohibir el mal uso de fondos públicos, prohibir el nepotismo y los nombramientos ilegales, y se han aumentado las penas a los delitos de corrupción. Además, hemos radicado proyectos para prohibir al Gobierno incurrir en gastos de publicidad con el propósito de exaltar sus proyectos, logros, obras o planes y para que los anuncios y publicaciones del Gobierno tengan que ser aprobados para la Junta de Anuncios de la CEE durante todo el cuatrienio.
Además, existen dos factores que han cubierto a penepés y populares durante su gestión pública: el clientelismo y el inversionismo político. Cuando analizamos los casos de mal uso de fondos públicos, nombramientos y contrataciones ilegales y casos de corrupción, todos están vinculados a estos males sociales. Para combatir esto, hemos propuesto varias alternativas, como el financiamiento público de campañas electorales, limitando el tiempo de campaña y usando la televisora del Gobierno. Como era de esperarse ni rojos ni azules le han dado paso.
Por ello, cuando se denuncia el despilfarro de fondos públicos en la compra de los “drones” anaranjados, la excusa azul es que los rojos lo hicieron primero. Irónicamente, estos “drones” nos ilustran cómo la combinación entre rojos y azules ha creado un bipartidismo violeta, único responsable del desastre gubernamental y la plaga de corrupción que nos arropa.
