Sí. Tengo que insistir en el asunto. Durante años lo he hecho y, francamente, las respuestas de la oficialidad dejan mucho que desear, sobre todo luego de las tres determinaciones judiciales recientes que concluyen que el glifosato contenido en el producto Round Up, de la compañía Monsanto (hoy Bayer), está vinculado a múltiples condiciones de salud que incluyen algunas formas de cáncer.
Hace unas semanas conversaba sobre el asunto con el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, a quien le pregunté sobre el alcance de esas determinaciones judiciales para la isla, tomando en cuenta la presencia de esa compañía en el país con subsidios multimillonarios. El titular descartó como falsa y nada científica la conclusión de esos tres tribunales. También afirmó que no podía prohibirse o desincentivarse en Puerto Rico el uso del glifosato por lo que llamó “regulaciones federales”. Sin embargo, esa respuesta contrasta con las determinaciones ya tomadas por diversos Gobiernos locales bajo la bandera de Estados Unidos. Si tal “regulación federal” es cierta, entonces ¿por qué jurisdicciones como Miami, Miami Beach y Stuart en la Florida o Watsonville, el condado de Los Ángeles, Sonoma, Burbank, Carlsbad, Irvine, Thousand Oaks en California o juridicciones de Minnesota, Massachusets, Maryland, Nueva York, Oregon y otras ciudades de los Estados Unidos han prohibido total, parcial o prospectivamente el uso de ese herbicida? Incluso, a nivel local, el municipio de Aguas Buenas ya ha prohibido su uso y la legislatura de San Juan parece ir encaminada en esa dirección. ¿Acaso esas jurisdicciones bajo bandera estadounidense están violando la supuesta regulación federal que evita su prohibición? Me huele que no, que prohibir, incentivar o promover el uso de un producto es más un asunto de interés o política pública, que de “regulaciones federales”.
Precisamente, el titular de Agricultura —como los ejecutivos de Bayer— ha restado importancia a las conclusiones de los tribunales que han ordenado a la compañía pagar más de $2 mil millones de dólares en compensaciones a cuatro pacientes de cáncer que —según los fallos judiciales— desarrollaron la enfermedad por su exposición al glifosato contenido en el producto Round Up. Para Bayer y el titular de la agencia, “no existe evidencia científica” que sustente las conclusiones de los jurados. Sin embargo, en medio del proceso de vistas públicas de la Legislatura Municipal de San Juan, entidades que agrupan a miembros de la comunidad científica han dicho todo lo contrario.
Para los deponentes, existe un vínculo entre el glifosato, el cáncer y enfermedades de diverso tipo. Tanto la Escuela Graduada de Salud Pública como el Colegio de Médicos Cirujanos han presentado argumentos a favor de la prohibición del uso del Round Up/ glifosato para fumigar en la capital. Su consejo se ha sustentado en varios datos:
1. El informe de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que ha incluido el glifosato en la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos.
2. El journal Mutation Research ha concluido que “el riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin es de un 41 % más alto en personas expuestas a glifosato que en las personas no expuestas”.
De igual manera, la Organización Mundial de la Salud, máximo espacio internacional de asuntos de salubridad y materia sanitaria, concluyó en un informe que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio”, y destaca que el glifosato “causó daño al ADN y los cromosomas en células humanas”.
Se trata de una tendencia que continua ganando terreno a nivel internacional. En Francia, por ejemplo, se ha prohibido el uso de esa sustancia. Otros países de Europa evalúan medidas similares, al igual que países como Brasil, Argentina, y El Salvador.
Por ello, concluir, como se concluye por parte de las autoridades locales, que el debate sobre el glifosato y sus efectos sobre la salud son un asunto sin importancia me parece irresponsable. El asunto —por tratarse de uno relacionado con la salud de la población— no solo debe ser discutido con seriedad, sino con total apertura. Después de todo, el historial de Monsanto habla —y mucho— de su relación con la verdad. Esa misma compañía produjo y defendió productos como la sacarina y el “agente naranja”, que, con el tiempo, probaron ser tan dañinos como se denunciaba.
Las autoridades locales tienen en esta ocasión la oportunidad de insertarse en la discusión del asunto con una postura de avanzada y promover un debate responsable sobre el tema o, por lo contrario, no hacer nada y dejar que sea el paso del tiempo el que obligue a acciones ya para entonces inevitables. Entonces, ya sería demasiado tarde.
