El panorama en el Gobierno parece el equivalente a un campo minado: Raúl Maldonado y sus denuncias de “mafia institucional”, por un lado, y por el otro, la Policía y su “investigación pacífica” contra Maldonado junior. El arresto a una exayudante de Julia Keleher, en una esquina; en la otra, la controversia por la monitoría federal/pedido de intervención/sindicatura en el Departamento de Educación en la otra. Investigaciones sobre empleados fantasmas, augurios de “veranos calientes” profetizados por el FBI y las misas sueltas.
La atención del ciudadano promedio no da para mucho más. La tensión tiene efectos secundarios. Uno de ellos, el hacernos creer que el resto de nuestros problemas ha desaparecido.
Pero debemos hacer el esfuerzo de caminar y masticar chicle, al tiempo que exigimos al Gobierno que haga lo mismo.
Los problemas, esos que afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana, siguen siendo múltiples y muchos de ellos continúan sin ser resueltos.
¿Qué tal si hablamos del hecho que a dos años de la destrucción provocada por los huracanes Irma y María, la recuperación es sólo un sueño para cientos de familias en la isla que aun viven bajo un toldo azul? ¿O tal vez de que los fondos de recuperación siguen atrapados en un pulseo político liderado por el presidente Donald Trump e incentivado por los señalamientos contra nuestro Gobierno? ¿O de la escasez de agentes de la Policía y personal de Emergencias Médicas como consecuencia de los recortes presupuestarios?
Todo lo anterior y más puede ocupar semanas de nuestro temario nacional. Pero hoy decido pedirte que nos enfoquemos por un instante en la racha de violencia de género que no se ha ido a ninguna parte.
El Gobierno asegura que son hasta ahora siete las mujeres muertas a manos de sus agresores. Una cifra que amenaza con aumentar si se confirman las sospechas de los allegados de Ana Roque, una mujer dominicana de 39 años, que podría ser aquella cuyos restos calcinados fueron encontrados dentro de un carrito de compras en Hato Rey.
La mujer habría sido asesinada por su expareja, Luis Reyes Pérez, quien no fue arrestado a pesar que antes de la desaparición de la mujer ya le había propinado una golpiza que culminó incluso con una mutilación. El hombre, que seguía en libertad aunque pesaba en su contra una orden de arresto por violar una órden de protección, y habría -según la teoría de sus allegados- perseguido a la mujer que hasta el sol de hoy sigue sin aparecer.
De él tampoco hay rastro.
Se trata de una historia que se repite con demasiada frecuencia. Tanta, que tristemente parece habernos inmunizado; incluso tornarnos indiferentes. Un mal del que el Gobierno también padece. Los síntomas están claros. Tanto, que a pesar de las muertes aun no se ha articulado una política pública para atenderlo. Tanto, que -a pesar de la evidencia científica e incluso la súplica de los familiares de una sobreviviente de un ataque de violencia machista- no se da el paso definitivo para reinstaurar la educación con perspectiva de género en las escuelas. Tanto, que a pesar del horrendo crimen que apagó la vida de una adolecente de 13 años que murió quemada a manos de su expareja -un adulto- las cifras oficiales no la cuentan como víctima de la violencia machista.
Nuestra agenda colectiva está llena. Ahora sólo debemos darnos cuenta de que lo está, y exigir acción.
