Los arrestos del pasado miércoles, son otro capítulo nefasto en la historia de la corrupción pública en Puerto Rico. Confirman, una vez más, nuestra constante denuncia de que el clientelismo e inversionismo político han sido una constante en los gobiernos penepés y populares, cuatrienio tras cuatrienio.
En el caso particular de la Sra. Keleher, desde su nombramiento advertí que sería nefasta para Puerto Rico y la denominé como la “empresaria que dirige el Departamento de Educación”. Solicité su interpelación en la Cámara por el cierre de escuelas, las mismas que cerró con la ayuda de los que hoy están acusados junto a ella. Maltrató a cientos de comunidades escolares, contrató a sus compinches, la denuncié un sin número de veces y hasta la referí a Justicia y Ética Gubernamental, mientras azules y rojos le reían las gracias en la Legislatura. Vino a destruir la educación, las escuelas, nuestros estudiantes y al sistema de educación pública del país. Ahora, se confirma que, desde el principio de su incumbencia, llegó a lucrarse y a enriquecerse, tanto a ella, como a sus allegados.
De nada valen todas las leyes, códigos y agencias anti corrupción, si no existe la voluntad real de administrar el Gobierno con una separación de los intereses personales de los jefes de agencia y del partido de mayoría de turno. Sin olvidar, que la principal corrupción que nos azota es el estatus colonial que nos oprime y que permite la imposición de leyes y estatutos aprobados por un gobierno extranjero, en perjuicio de nuestros intereses.
Por otro lado, tampoco podemos caer en una “indignación cíclica” cada cuatrienio y solucionarlo votando por los mismos que robaron en el ciclo anterior. La ciudadanía tiene la oportunidad y responsabilidad de cambiar y deshacerse de los mismos que por décadas han quebrado económica y moralmente a este País, pero no puede ser regresando a los que lo han hecho mal, ahora y en el pasado.
