La reciente aceptación y complacencia del Gobierno de Puerto Rico a la propuesta de mutilar las pensiones de miles de retirados y retiradas del Gobierno, es otro capítulo más del entreguismo del Gobierno a la Junta. Esta rebaja no solo menoscaba los derechos adquiridos, es, además, un golpe a la vida diaria, la salud y el bienestar de miles de personas que cumplieron con su responsabilidad en el servicio público. Es una terrible injusticia que hay que combatir —en la calle y en la Legislatura— rechazando cualquier legislación que haga factible este golpe a la clase trabajadora.
Injusticia, también, es la constante negligencia y desprecio del Gobierno hacia la vida diaria de los residentes de Vieques y Culebra, la ineptitud en los servicios de transporte, los pobres servicios médicos. Las promesas huecas de resolver estos problemas demuestran la violación y el desprecio a sus derechos humanos, a quienes sí se les restringe constantemente su libertad.
Son muchas más las injusticias, como la aprobación de un proyecto de ley que no resuelve el histórico problema de los estudiantes de educación especial, sino que burocratiza más el proceso y “esconde bajo la alfombra” la negligencia del Departamento de Educación en la prestación de estos servicios.
Por otro lado, la lucha por la justicia tiene que comenzar por transformar el Gobierno y el servicio público, defendiendo los derechos de los trabajadores activos y jubilados; batallando contra el uso del glifosato en nuestras tierras y el depósito de las cenizas producto de la quema de carbón; objetando y cuestionando los cambios a los usos de terrenos, que solo traerán más desparramamiento urbano; y siendo solidarios con los rescates comunitarios de escuelas cerradas, entre muchas otras.
Pero la mayor injusticia a la que se le somete a nuestro pueblo diariamente es la existencia de la Junta de Control Fiscal y el colonialismo que la permite. Debemos combatirla exigiendo un verdadero proceso de descolonización para ejercer nuestro derecho a la libre determinación. La independencia de Puerto Rico y el ejercicio de nuestra soberanía plena son la única solución que se traducirá en justicia política, económica y social.
