Hace unos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó el consumo ilegal de drogas como una actividad económica global que generaba $320 mil millones anuales.
Se trata de una significativa cantidad de dinero que circula libremente por los circuitos de la economía formal e impacta de forma considerable el flujo de capital que deriva en ganancias para sectores vinculados a la producción y distribución de bienes.
En Puerto Rico, se ha calculado que la droga ilegal representa casi una tercera parte de nuestro producto interno bruto.
Los efectos de la economía del narcotráfico, por tratarse de una actividad sin controles, son similares para muchos países, siendo la violencia callejera y las actividades delictivas las más preocupantes.
Se estima que, como consecuencia del narcotráfico, todos los años mueren más de 200 mil personas alrededor del mundo; un dato alarmante que hace imperativo que los Estados asuman políticas más efectivas para lidiar con este problema.
La Organización para las Naciones Unidas ha reconocido que la violencia que se alimenta con el mercado ilegal de drogas ha causado graves y considerables daños a la comunidad internacional. Ante eso, la Comisión Global de Políticas de Drogas, en un informe presentado a principios de esta década, convocó a los Gobiernos a “que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y seguridad de sus ciudadanos”.
Las recomendaciones de esa comisión, que estuvo integrada por el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan; el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes; el exsecretario de Estado de Estados Unidos, George Schultz; el exrepresentante de la Unión Europea, Javier Solana; y el exsecretario general de la OEA, César Gaviria, se dirigieron a “desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas”.
La posición fue clara: hay que despenalizar para atacar los mercados y detener la violencia que genera una economía en la que solo impera la ley de la metralleta.
“Hay que comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar políticas y estrategias orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos. Romper el tabú acerca del debate”, apunta el informe.
En Puerto Rico, la discusión sobre la despenalización de las drogas despierta una marejada de pasiones entre diversos sectores del país y siempre que se aborda el tema surgen voces moralistas que, refugiadas en argumentaciones religiosas vacuas, acechan y amenazan a quienes en la búsqueda de una solución para el problema de la violencia callejera proponen fijar controles sobre el mercado ilegal de las drogas.
Esas voces moralistas pasan por alto, o desconocen, que hay países donde la despenalización ha actuado eficientemente, reduciendo el crimen y los asesinatos, sin que eso represente un aumento en el consumo.
En nuestra sociedad, es harto conocido que la guerra por el control del mercado de la droga se presenta como el detonante que provoca la mayoría de los asesinatos que se informan a diario, que, en lo poco que va de este mes de octubre, muestra cifras alarmantes. La situación es aterradora si sumamos el resto de los crímenes violentos que han ocurrido en el transcurso de este año.
Y mientras, los niveles de violencia en el país aumentan y las cifras de muertes en las calles crecen como la espuma, el Gobierno luce perdido, sin una agenda clara sobre cómo tratar esta crisis social y repitiendo las mismas estrategias fracasadas del pasado.
Obvian que el reto de reducir la alta incidencia criminal invita a atender con seriedad y sin miedo el tema de la despenalización de las drogas. Es momento de actuar.
Pero hay más. La crítica situación que enfrentamos requiere un fuerte compromiso de todos los sectores del país con emprender un proyecto democrático amparado en principios de solidaridad, justicia, tolerancia e igualdad que procure un mayor bienestar ciudadano.
Urge establecer un modelo de desarrollo social y económico que nos guíe a paliar el desempleo, la pobreza, la mala distribución de recursos y la inequidad, áreas en las que radican las verdaderas raíces de la criminalidad y que, de no atenderse a tiempo, nos sucumbirá.
Hay que armar un plan de país que encare la visión de un Puerto Rico diferente y que profiera soluciones reales, innovadoras y contundentes para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.
Hay que sentar las bases para la construcción de una cultura que nos permita convivir como comunidad cumpliendo normas sociales justas e igualitarias y aprendiendo a solucionar pacíficamente los conflictos cotidianos. El tiempo apremia.
