Tras una salida abrupta de La Fortaleza, resultado de las revueltas sociales del verano de 2019, Beatriz Rosselló, esposa del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares, regresó de visita a Puerto Rico la semana pasada y a su arribo al aeropuerto Luis Muñoz Marín la esperaron tres guaguas oficiales de la Policía que la escoltaron desde un terminal distinto al de los demás pasajeros.
Se desconoce cuánto tiempo la señora Rosselló permanecerá en Puerto Rico, pero ya se ha informado que, a su paso por la isla, será custodiada por escoltas policiacas pagadas con fondos públicos.
Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía, confirmó el hecho y para defender su determinación emitió un comunicado de prensa amparándose en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que, en 2009, resolvió que los exgobernadores ostentan un derecho adquirido a las escoltas.
Según Escalera, varias leyes proveen para que los exgobernadores, cuando se encuentran en la jurisdicción de Puerto Rico, gocen de los servicios que ofrece la Oficina de Seguridad y Protección. Este privilegio se extiende a los cónyuges e hijos menores de edad.
Sin embargo, nadie en el Gobierno ha llamado la atención de que el señor comisionado se ha equivocado al tomar esta decisión, de la misma manera que erró cuando, por su cuenta, decidió asignarles escoltas a Rosselló Nevares y a su familia cuando estos salieron huyendo del país y se radicaron en Estados Unidos.
En aquella ocasión, el privilegio de la escolta duró un mes, luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced intervino para solicitar su cancelación. Aquel mes de escolta, en cambio, le representó al país un gasto innecesario de $37,858.98 en fondos públicos.
Ahora, el señor Escalera, en su empeño por hacer las cosas a su manera, complaciendo favores políticos para quien lo nombró en su puesto, dice que a la señora Rosselló se le asignará hasta ocho oficiales de la Policía para acompañarla, en vehículo oficial, por dondequiera que vaya.
El costo del lujo inmerecido que se le está proveyendo a la esposa del renunciante gobernador no se conocerá hasta tanto ella se marché del país, momento en que se contabilizará el gasto público en agentes policiacos, según ha informado Escalera.
Esta situación devela, una vez más, la controversia sobre qué privilegios, si alguno, deben asignárseles a un gobernador que renuncia a su cargo forzado por el reclamo de una ciudadanía que se lanzó a las calles y protestó todo el verano.
Recordemos que, como consecuencia de esa presión popular, Rosselló Nevares renunció a la gobernación el 25 de julio de 2019. Su estancia en el poder duró apenas dos años y medio.
Al tratarse de un hecho único en nuestra historia, la gobernadora debe evaluar con detenimiento las disposiciones que se incluyen en el único estatuto legal que, además de cualificar qué es un exgobernador, define los atributos y privilegios que se les conceden a estos.
A tenor con la Ley 2 del 26 de marzo de 1965, según enmendada, un exgobernador es “cualquier persona que haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término”.
Aun cuando el texto no se refiere directamente a un gobernador que renuncie a su cargo, lo cierto es que Rosselló Nevares no concluyó su término de cuatro años y, por tanto, no debe disfrutar de los privilegios que se conceden a los exgobernadores.
Esto quiere decir que el Estado no puede ni debe gastar dinero en asignarle escoltas ni a él ni a su familia inmediata, como tampoco le corresponde usar el título de exgobernador ni disfrutar de carro y chofer, ni recibir la asignación anual de $40,000 en fondos públicos que se destinan para cubrir gastos de su oficina como exmandatario. Y ni hablar de colgar un óleo con su imagen en el salón donde posan los cuadros de los pasados inquilinos de La Fortaleza.
Claro está, quien quiera puede llamarle a Rosselló Nevares “exgobernador”, asumiendo el término como una expresión afectiva, pero no protocolaria. Mas de ahí a concederle escoltas, chofer y carro a él y a su esposa es una afrenta que no puede tolerarse..
Ante esta situación, podríamos pensar que nada pasará y que el renunciante gobernador y su esposa continuarán disfrutando de privilegios que no le pertenecen porque le correspondería a la gobernadora “ponerle el cascabel al gato”, una situación incómoda para ella, quien, al hacerlo, estaría anticipando que, por las disposiciones de la Ley 2 de 1965, ella también está excluida de disfrutar de esas prebendas una vez concluya sus funciones en enero de 2021.
