El dato se ha repetido continuamente: en Puerto Rico importamos más del 80 por ciento del total de alimentos que consumimos, frescos y procesados. Se trata de una cifra escandalosa, que requiere atención urgente de las autoridades del Gobierno.
Sobre este particular, hace varios años, la firma Intelligence Forecasting advirtió a la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) que de seguir el rumbo que llevamos en relación con la producción alimentaria en el país, bastaría solo una década para que las empresas que distribuyen alimentos en la isla desaparezcan.
Esa predicción se enmarcó en un análisis económico, social y ambiental en el cual, según se informó, intervinieron factores climáticos, volatilidad en los mercados y la erosión de la competitividad del país.
Entonces, se planteó la urgencia de armar un plan estratégico para trabajar con la producción de alimentos en Puerto Rico. Sin embargo, poco hemos avanzado desde entonces y, lo que es peor, al día de hoy, el Departamento de Agricultura, y su secretario Carlos Flores, continúa tropezando en su ineficiencia sin tan siquiera poder explicar cuál es la política pública de la agencia, si es que existe, para incentivar el desarrollo de nuestra agricultura.
Un examen a los datos estadísticos del mercado de comestibles en Puerto Rico devela la pobre producción agrícola de la isla en varios renglones. En palabras sencillas, la agricultura reduce su magnitud y el secretario de la agencia que está convocada por ley a prospectar su crecimiento anda en ascuas.
Los datos hablan por sí solos: la producción de cerdo en la isla ronda el 8 %; carne de res, 6 %; pollo, 10 %; frutas, 2 %; vegetales, 3 %; habichuelas, 1 %; café, 5 %; y tubérculos, 1 %.
La relación porcentual que proyectan estas cifras no es alentadora. Ahora, ¿alguien conoce qué planes tiene el titular de Agricultura para incentivar la producción en estos renglones? ¿Dónde quedó la promesa del Gobierno en duplicar la producción agrícola del país?
Empero, mientras esto ocurre, la industria lechera del país se posiciona como el grupo más importante del agro nacional, generando el 23 % del ingreso bruto de la actividad agrícola, equivalente a $200 millones anuales. Lo curioso en el contraste de estas cifras es que, ante una industria vigorosa como la lechera, haya un secretario de Agricultura empeñado en destruirla, en vez de enfocar su labor en elaborar estrategias encaminadas a estimular aquellas producciones agrarias que, como las señaladas, requieren mayor atención.
En un encuentro reciente que sostuvo el señor Flores con representantes ganaderos de la industria lechera en el pueblo de San Sebastián, este insistió en su postura de reducir la producción de cuartillos de leche en la isla. O sea, el secretario se obstina en echar por la borda la única empresa agrícola del país que es altamente productiva y que tiene un potencial de crecimiento si se ajustan las estrategias para incrementar la producción de productos lácteos derivados, más allá de la elaboración de leche fluida.
En el último año, Flores ha intentado golpear la industria lechera en varias ocasiones. Primero, con su intento de revertir arbitrariamente la orden de liquidación de precios, que es la fórmula de pago que remunera la producción de leche de las 256 vaquerías del país.
Luego, la arremetió contra el director de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), el agrónomo Jorge Campos, para provocar su destitución, esto a pesar del endoso que ha recibido el funcionario de casi la totalidad de los ganaderos de la industria y de los principales gremios agrícolas nacionales.
La postura de Flores es imponer a los ganaderos un modelo de pago diferenciado que, en su análisis, no evalúa los costos de producción de las vaquerías y que, en algunos casos, termina premiando con un pago mayor a los productores menos eficientes de la industria. Una fórmula, sin dudas, altamente injusta contra quienes producen más y a menos costo.
No obstante, la alternativa para vigorizar esta importante industria agrícola, según han expresado los economistas Carlos Colón de Armas y Jaime del Valle, está en procurar mayores niveles de eficiencia.
Esto, según los expertos, se logra estableciendo un pago único o uniforme para todos los ganaderos licenciados por la ORIL que cumplan con los parámetros de calidad establecidos; incentivando la transformación en la producción lechera con énfasis en los productos lácteos emergentes; y viabilizando un modelo que permita al ganadero adquirir cuotas de producción con una base atemperada a la realidad del mercado.
Las estrategias son claras y, si se implantaran, estaríamos colocando en una mejor posición a la industria lechera al punto de lograr abastecer el mercado de producción de lácteos y, de esa manera, comenzar a sustituir las importaciones.
De que se puede, se puede. Pero queda claro que el principal escollo al desarrollo de la industria lechera, así como del resto del agro puertorriqueño, es el secretario Carlos Flores. Por cierto, ¿en qué ha quedado su referido de investigación al Departamento de Justicia?
