No se puede confiar en el Departamento de Justicia. Parecieran estar tratando de torpedear u ocultar casos. De los teléfonos de Elías Sánchez y Edwin Miranda a la situación del almacén de Ponce, esta agencia ha sido la responsable de que el pueblo dude de ella, y por default, de que esta administración tenga un compromiso con la verdad y la justicia.
Cuando trascendió el escándalo del chat de Telegram, el Departamento de Justicia, en ese momento bajo la dirección de Wanda Vázquez, requirió a los involucrados la entrega de sus celulares, pero el requerimiento no tenía ningún peso legal en el sentido de que lo que utilizó Justicia fue una solicitud de entrega sin una orden de registro ni una declaración jurada.
Justicia, en conocimiento de lo defectuosa de su solicitud, no enmendó su procedimiento para poder pasar el cedazo legal. Al final del camino, el Tribunal de Apelaciones despachó “con la mano izquierda” el asunto a favor de Sánchez y Miranda. Se discutió públicamente que el camino que eligió Justicia tenía pocas probabilidades de prevalecer, pero la agencia decidió continuar con la estrategia que más les favorecía a Sánchez y Miranda. ¿Por qué? Lo dejo a su estricta e individual interpretación y conclusión.
Luego, en ese mismo caso, el Departamento de Justicia, a pesar de que la información que trascendió de manera extraoficial y nunca fue desmentida, era de que hacía semanas la agencia tenía el informe del chat de Telegram, dejaron para el día que vencía el término la entrega de este a la Oficina del Panel del FEI. Según trascendió, el informe no identificaba delitos, por lo que también era defectuoso. Eso está aún por verse. Pero si en efecto fuera así, ya sería tarde para que Justicia enmiende su “error”. ¿Cayó el rayo dos veces en el mismo lugar, con el mismo caso? ¿Chapuceó Justicia bajo Wanda Vázquez y luego bajo Dennise Longo Quiñones el caso de Elías Sánchez… y los demás? ¿Por qué?.
En los pasados días, trascendieron dos asuntos que le echan más gasolina a la fogata de desconfianza del país sobre la gobernadora, jefa de la secretaria de Justicia, y sobre esta. Dijo Longo Quiñones que la investigación del almacén de Ponce puede durar de dos a tres años.
Señores, la investigación y presentación de informe del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 por parte del FBI duró 17 días. A la Comisión Warren le tomó 10 meses. La investigación contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá inició en el año 2005 y concluyó con un indictment en el año 2008.
Secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, ¿usted le está diciendo al pueblo que la investigación del almacén en Ponce puede ser más compleja que la del asesinato del hombre más poderoso del mundo? ¿O igual de compleja que la del exgobernador, que se extendió de Puerto Rico a Washington D. C. y Pensilvania? O usted está cogiendo “hasta a los suyos…”, o sencillamente no tiene la capacidad de dirigir un departamento con un equipo profesional de fiscales e investigadores. Difícil creerle.
Eso no es todo. Longo Quiñones ha sido un sepulcro, con el aval de Wanda Vázquez, evitando que el pueblo tenga información sobre diversos casos. La secretaria Longo Quiñones se ampara, disparatadamente, en el artículo 6 de la ley que crea el Departamento de Justicia para ocultarle información al pueblo. Sí, ocultarle, porque el pueblo tiene derecho a saber. Obviamente, tampoco es que se va a vaciar el 100 % de la información en los medios, pero cosas básicas a las que el pueblo tiene derecho a saber le son escondidas por Justicia. Su justificación es incorrecta.
Hace unos años, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, pensando en que le daría un tiro político a un legislador popular, ordenó pruebas de dopaje. El único que dio positivo fue su amigo Rolando Crespo. En esta ocasión, la gobernadora ordenó una investigación y un informe en 48 horas. Se indicó que se haría público. Hoy Longo Quiñones, con el aval de La Fortaleza, se resiste a explicar hasta a la Legislatura. Con el patrón que ha llevado Justicia desde agosto, la pregunta a la que nos llevan es: ¿a quién protegen?
