El código penal de Puerto Rico contiene delitos relacionados con la función pública, dos de ellos son omisión y negligencia en el cumplimiento del deber. Son escasas las ocasiones en que se procesan funcionarios por violarlos. Es una impunidad constante, que provoca indignación y, desgraciadamente, mucha frustración en el pueblo de Puerto Rico. Todos los días vivimos y sufrimos esa negligencia constante.
Esa conducta criminal la vivió el país luego del huracán María, con el irresponsable manejo de la emergencia, la corrupción en el otorgamiento de contratos para restaurar la energía eléctrica y las miles de muertes ocurridas como consecuencia del huracán.
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Los casos, desafortunadamente, continúan. En las recientes vistas públicas de la Cámara de Representantes, he confirmado que las escuelas y los edificios públicos nunca se han inspeccionado, ni se han rehabilitado para que puedan ser sismo-resistentes. Esto ha provocado pérdidas de escuelas, ha afectado el derecho a la educación y ha hecho perder el 88 % de los refugios del país.
De igual forma, el manejo de los almacenes de suministros por parte de distintos funcionarios son otros ejemplos, incluidas las acusaciones de lado y lado sobre quién es más irresponsable. El Gobierno invirtió miles de dólares en un plan para manejar los desastres con múltiples pasos, procedimientos y responsabilidades en papel, pero negligentemente ejecutado por todas las agencias de gobierno. Varias agencias tienen almacenes de suministros, pero no conocen los almacenes que poseen las demás.
El Gobierno y el sistema colonial son los principales causantes de la pobreza y la desigualdad social que ha tenido como consecuencia la construcción de hogares en zonas inundables o en terrenos no aptos para la construcción, y hogares construidos sin acceso a diseños y planos profesionales.
Por todo esto es que la gente afectada ha creado sus refugios comunitarios, donde se protegen unos a otros. Diversas organizaciones, grupos universitarios, sindicatos, iglesia y familias se han convertido en la verdadera respuesta para los afectados por los sismos, ante una total y absoluta desconfianza con el Gobierno.
Esta omisión y negligencia rampante y constante del Gobierno es otra de las muchas razones para acabar con ella y promover el cambio verdadero. Estos criminales de cuello azul y rojo tienen que ser juzgados y condenados.
