Ya no se puede defender. La salida del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para reclamarle a la gobernadora que acabe de hacer público el informe del almacén de Ponce hace evidente que la acción de Wanda Vázquez y la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, apesta en el electorado.
Rivera Schatz lució en este reclamo como el adulto en el cuarto. “¡Hon. Wanda Vázquez, usted tiene la autoridad y facultad de ordenar la entrega de ese informe YA! Con respeto le recomiendo que lo haga y cierre esa discusión. En sus manos está”, dijo el líder senatorial.
La relación de hechos es sencilla: se descubre que hay un almacén en Ponce con suministros que no habían sido repartidos, explota el escándalo, el país se indigna, la gobernadora ordena que se haga una investigación en 48 horas y que se la muestren al pueblo, la investigación es encomendada al director del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez, este investiga, produce el informe y luego La Fortaleza casi arranca la “palanca de la emergencia” para frenar el revelar al pueblo el contenido del informe.
El NIE está adscrito al Departamento de Seguridad Pública, no al Departamento de Justicia que, a nombre de la gobernadora, se niega a hacerlo público. Ante esto, organizaciones periodísticas demandan al estado que haga público el informe. El estado alega que hay una investigación, y que hacer público dicho informe puede dañar dicha investigación porque contiene nombres de personas.
Al resolver que no hay razón para mantener el informe en secreto, el Tribunal dice que el informe, “en ninguna de sus partes, contiene datos cuya divulgación ocasione peligro potencial de que se identifiquen confidentes… No contiene información o datos que de forma alguna sean indicativos de que el contenido del documento, o alguna de sus partes, fue obtenido en confidencia. En todo caso, la información provista por personas particulares que está plasmada en el documento entregado a este Tribunal fue obtenida —a lo sumo— mediante entrevistas a testigos, no a través de confidentes…”.
¿Cuál es la diferencia entre testigo y confidente? El testigo colabora con la investigación y puede ser llamado a un juicio público para testificar. Su nombre trasciende. En el caso de un confidente, este no necesariamente sale a la luz pública, porque puede correr un riesgo.
De hecho, dice que el Gobierno actuó de forma temeraria porque lo que dijo que tenía el informe, no lo tenía. Le dijo el Gobierno al tribunal que hacer público el informe “podría poner en peligro la seguridad de los agentes investigadores, que al presente continúan con la investigación”. ¡Adivinen qué! El informe ¡no tiene nombres de agentes investigadores! Señores, hay que creerse bien por encima de la ley o estar tan embarra’o como para arriesgarse a mentir de esa forma a un Tribunal de Justicia, in your face.
Si triste es que el pueblo de Puerto Rico tenga a una secretaria de Justicia con las agallas de mentirle a un Tribunal, peor es que se haga con la bendición de la gobernadora, ¿o va a decir que no sabía nada… de nuevo?
La gobernadora, una vez más, tiene dos caras: por un lado, dice que quiere hacer público el informe, pero el mismo día ordena, precisamente a la secretaria de Justicia, que apele la decisión de la jueza para no hacerlo público.
La peste que ha dejado el mal manejo de este caso por parte de Wanda Vázquez y Dennise Longo Quiñones parece haber llegado a la nariz “del tibu”, quien ya olfatea la sangre y establece “distancia y categoría” pidiendo, disfrazado de sugerencia, a la gobernadora que haga público el informe. Thomas Rivera Schatz, como político en campaña, sabe el efecto que eso está teniendo.
¿Qué esconde ese informe? Creo que La Fortaleza y Justicia ya cruzaron la línea de la desconfianza, al punto de que si el informe no tiene nada extraordinario, eso no será suficiente para ganar la confianza perdida porque no había excusa para mantener al pueblo en esa incertidumbre.
