La semana laboral comenzó con una propuesta para redefinir qué -en lo sucesivo- debe ser considerado como un servicio público. La propuesta llegaba en voz de Eric Delgado, el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, quien no solo pensó sino que dijo que la determinación de excluir a periodistas de medios ajenos al canal del Gobierno de los programas televisivos con miembros del llamado “task force” sobre COVID-19 se tomó con la sacrosanta encomienda de salvaguardar su responsabilidad como entidad de “servicio público”.
La periodista Milly Méndez le preguntaba en su programa radial en Radio Isla 1320 cómo definía eso del “servicio público”. “Yo lo estudié en la Universidad de Florida”, comenzó diciendo, para añadir que un servicio público se consigue al “velar por los intereses y necesidades del pueblo”. El problema con esa definición no reside en la definición misma. Atinada y ceñida a los requerimientos del “public service”. Un canal público debe, en efecto, educar y velar por los intereses que describió. Pero ni en la Florida, ni en Puerto Rico ni en la Patagonia es posible argumentar sin riesgo a equivocarse que no se cumple con el carácter de servicio público de la corporación permitiendo la presencia de periodistas del sector privado, y el cuestionamiento libre y sin restricciones guiado por asuntos de alto interés público. Se equivoca el señor Delgado. La labor de los periodistas no es mutuamente excluyente con el ejercicio de orientación sobre los asuntos que afectan a los ciudadanos. Por lo contrario, el ejercicio de la libre prensa se hace más importante que nunca en situaciones excepcionales como la crisis que vive el país.
En más de una ocasión he escuchado a portavoces del Gobierno insistir a los ciudadanos sobre la alegada necesidad de ceñirse exclusivamente a la información oficial. Y esa exhortación es peligrosa. Claro que los datos provenientes del Gobierno deben formar parte de las herramientas de los ciudadanos para su toma de decisiones. Sin embargo, la historia -incluso la reciente- ha probado que la información oficial demasiado frecuentemente es equivocada; o incompleta. A veces abiertamente plagada de mentiras o medias verdades. Para una muestra, ¿recuerda usted que tras el huracán María la información oficial afirmaba que las muertes vinculadas al embate del sistema no superaban algunas decenas? En aquel momento el Gobierno resentía el escrutinio público; la pregunta constante y la utilización de fuentes ajenas al Estado para contrastar la de fuentes oficiales. Héctor Pesquera, el Jefe de Seguridad Pública de entonces, no solo atacaba los cuestionamientos, sino que aseguró en su momento a CNN que plantear un número mayor de muertes asociadas al huracán era una “manía” de la prensa que calificó como “horseshit”. El tiempo probó que los cuestionamientos y la publicación de información por parte de la prensa fueron fundamentales
para acercar al país a la verdad.
Ahora volvemos a enfrentarnos a un escenario similar en el que no solo se restringe la presencia de periodistas en el programa del canal subvencionado con el dinero de todos los puertorriqueños, sino que la insistencia en la búsqueda de respuestas sobre el fallido contrato por $40 millones en dinero público ha sido calificado como “chisme” en un intento de restar importancia a la ausencia de respuestas específicas sobre esa transacción.
La exclusión de periodistas de los programas del “equipo de trabajo” de Fortaleza ya se veía venir. Esos espacios comenzaron con la presencia de la Gobernadora y un periodista de la corporación. Pero ya para la segunda emisión la Gobernadora no participó y su ausencia coincidió con la inclusión de periodistas ajenos a WIPR. Para el tercer programa, la Gobernadora tampoco estuvo. Los periodistas sí. Lo mismo con el cuarto programa. Ya para el quinto, un día después de la conferencia de prensa en la que Fortaleza intentó explicar la naturaleza del contrato para pruebas de COVID que tuvo que ser cancelado, a los periodistas se les adelantó que ni el Secretario de Salud ni los miembros del “task force” podrían quedarse -como era costumbre- para atender preguntas de actualidad. Y aunque el doctor Segundo Rodríguez accedió, la coordinadora de prensa del grupo le convenció de no hablar con los medios, según relatan los periodistas que estuvieron en el lugar. De los 12 minutos con 30 segundos que se le asignó a cada reportero, los colegas utilizaron poco más de un minuto para preguntar, como correspondía al interés público, sobre el dudoso contrato.
Como cualquiera con dos dedos de frente puede concluir, no es casualidad que los periodistas de medios ajenos a WIPR fueran “des invitados” a programas subsiguientes bajo la excusa del servicio público.
No señores. Intentar obstaculizar el trabajo de los periodistas en una clara estrategia para evitar rendir cuentas sobre asuntos de alto interés público. No. No se trata de una medida para proteger el “public service”. No es otra cosa que censura y, tristemente, una movida con visos de totalitarismo que asusta y levanta banderas de alerta.
Mucho cuidado con jugar con el acceso a la información pública. El juego de la opinión pública tiene las gradas llenas. La gente observa y si se intenta ganar con trampa, se pagan las consecuencias.
