Téngalo claro, el daño a la democracia colonial está hecho y es irreparable. La confianza entre gobernados y gobernantes se quebró irremediablemente. El saqueo del país atenta ahora contra el alma y la esperanza de los puertorriqueños. Desde antes de que se declarara el impago en 2015, ya veníamos dándonos cuenta del desgobierno de una clase política que se servía del gobierno en lugar de servir desde el gobierno. Una clase que utiliza los recaudos públicos y los fondos de ayuda federal como fuente de enriquecimiento mediante contratos a inversionistas políticos, a empleados fantasmas, a hijos talentosos y a toda suerte de “batatas” políticas. Los partidos de gobierno se han convertido en sociedades de negocios, organizados en claques que se reparten puestos y contratos como botín de guerra cada cuatro años.
La corrupción organizada comenzó en la década de los noventa bajo la administración de Pedro Rosselló. Antes de eso, existían esquemas de fraude y corrupción desde empleados fantasmas en la legislatura hasta contratos cuestionables. Pero la práctica del “pay for play” o pague para participar en contratos del gobierno, fue organizada como estructura sistemática a partir de la Administración Rosselló.
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Desde entonces, la corrupción pública ha sido una práctica organizada de los partidos gobernantes, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. El soborno a cambio de contratos o favores políticos, la contratación de empleados fantasmas, contratos de asesorías en los que se cobran servicios no prestados y la construcción de obras faraónicas de poca utilidad y ninguna rentabilidad (tren urbano, acuaexpreso, gasoducto del sur, vía verde, etc.) abundan en los expedientes de gobierno de ambos partidos.
La respuesta del pueblo por las últimas tres décadas ha sido la misma: tumbar al gobierno corrupto de turno y elegir un gobierno corrupto del partido contrario. El esquema de ambos partidos es similar: un gobierno paralelo a cargo de cuadros políticos que gestionan contratos desde agencias de gobierno, sea Mabel Cabeza en el Departamento de Salud, o la convicta Sally López en el Departamento del Trabajo, quienes curiosamente terminaron como ayudantes especiales en Fortaleza cuando se descubrieron sus esquemas.
El huracán María rasgó el velo y descubrió la cara más fea de la corrupción, la prioridad de los negocios y contratos del partido de gobierno sobre la vida de los ciudadanos. El chat de la claque de Ricky Rosselló en el verano 2019 quebró irremediablemente la legitimidad del contrato social entre gobernantes y gobernados. El pueblo se fue a las calles y protestó hasta defenestrar al tirano.
Desde entonces, la partidocracia PNP-PPD, y los medios corporativos han luchado por “restaurar” el estatus quo ante. Se ha tratado de presentar la protesta de julio de 2019 como una anomalía necesaria para la corrección del funcionamiento de las instituciones. Los programas de análisis político se centran los partidos gobernantes, ignorando las fuerzas emergentes. Se publican encuestas prejuiciadas, manipulando hallazgos, fragmentado la divulgación de resultados y hasta incluyendo candidatos fantasmas, como David Bernier, para descarrilar la candidatura de Carmen Yulín.
La política del olvido de julio 2019 se complementa con las maniobras para amañar las elecciones de noviembre 2020—una ley de reforma electoral que garantice la victoria del PNP. Por lo que se ha descubierto, este caos electoral no es un accidente sino parte un diseño para “robarse” las elecciones. Un error de cálculo ha descarrilado el plan maquiavélico. Y, de paso, ha destruido la democracia puertorriqueña. “Collateral damage”, dirían los cínicos.
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Pase lo que pase en esta “segunda” vuelta atropellada de primarias, ningún/a candidato/a quedará satisfecho con la legitimidad del proceso. Por mucho que repartan culpas esto no es el resultado de la incompetencia sino de un diseño corrupto y cambios de reglas y leyes electorales de última hora para burlarse del proceso democrático y negar al pueblo emitir su juicio y su veredicto en elecciones limpias. La legitimidad democrática es como el cristal, una vez se rompe, no puede devolverse a su lustre original. Pero no se trata de pegar un cristal agrietado o partido. La partidocracia y la clase política corrupta del PNPPD ha hecho añicos el cristal transparente de la democracia puertorriqueña. La decisión del tribunal supremo hace de tripas corazones pero no puede restaurar la legitimidad democrática.
Me preguntan: ¿Qué puede hacerse para restaurar la credibilidad y la legitimidad del proceso? Respondo: El daño ya está hecho y es irreparable. La ÚNICA PROTESTA EFECTIVA ES NO PARTICIPAR EN ESTAS PRIMARIAS VICIADAS, quédese en su casa y comunique su disgusto y desaprobación. Pero EN NOVIEMBRE SALGA A VOTAR y vote por cualquiera menos por los candidatos de los partidos corruptos. Llevan 30 años prometiendo un cambio que no cumplen. Completemos la tarea que iniciamos en julio 2019, saquemos a los mercaderes del templo de la democracia. VOTEMOS POR UN CAMBIO, NO POR EL REEMPLAZO DE UNOS CORRUPTOS POR OTROS.
