Es triste tener que decirlo, pero hace mucho los problemas locales, lejos de resolverse, empeoran. Y cuando parecen resolverse es solo luego de alguna denuncia o al calor del fuego de algún escándalo que haga circular la rueda de la opinión pública. Pocas veces es la acción proactiva o el interés del discurso llevado a la “acción” lo que provoca resultados.
Esta semana arranca con otro de esos problemas que dejamos añejar, luego olvidamos y -más tarde, cuando la crisis nos golpea la cara con fuerza- actuamos como si se tratara de un asunto que acabamos de descubrir. De una amenaza novel que “nadie nos advirtió”. En este caso se trata de la falta de policías. Desde el comienzo de los tiempos de la Junta Fiscal -quizá antes- la denuncia de los grupos que representan los intereses de los policías era que no daban abastos. Que la cantidad de agentes disponible no era suficiente, continuaba la advertencia. Que había que asignar más recursos,pero que no sería posible lograr reclutar potenciales interesados si no se aumentaban sus salarios y se elaboraba un plan de compensación por retiro que fuera digno.
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Entonces comenzó el “ping pong” ese que domina la discusión de prácticamente todos los problemas desde que llegó la Junta. Hace falta dinero, dicen los grupos de interés. Necesito que los asigne la Junta, dice el Gobierno. El dinero está disponible, solo hay que usarlo mejor, responde la Junta en ocasiones. En otras, despacha los asuntos abiertamente públicos con un “a mi nadie me ha pedido dinero” o, “falta que OGP complete la solicitud”. Luego, el callejón sin salida. OGP, cuya dirigente es casi totalmente desconocida y siempre oculta entre las sombras, guarda silencio. Termina el ciclo y vuelve a empezar. ¿Y los problemas? Añejandose al calor de la indiferencia.
Ahora, ese problema con los agentes ya está “listo para servir”. Las órdenes ejecutivas para intentar frenar el COVID-19 se presentan partiendo de la premisa de su cumplimiento o bajo la amenaza de “reforzar las consecuencias”. El problema es que no hay quien las refuerce. Si no, pregunte a los alcaldes. El de Yabucoa afirmaba el lunes que a penas tiene 3 agentes por turno para todo su municipio. Evidentemente, resulta imposible vigilar si los ciudadanos usan o no mascarillas o si todos los negocios fomentan el distanciamiento físico. Mucho menos si todos los restaurantes o chinchorros se exceden de la hora permitida para la venta de alcohol.
El mismo escenario se repite en Canóvanas. Su alcaldesa, Lornna Soto, me confirmaba que suele tener 3 agentes estatales para atender las querellas y situaciones que se presentan en una población de cerca de 40 mil personas. En Cidra, con una población estimada de 40 mil ciudadanos, en ocasiones solo hay un retén, según me afirmó en Radio Isla el alcalde Javier Carrasquillo. El mismo cantar se repite en Toa Alta, que con cerca de 70 mil personas, tiene que conformarse con 3 agentes por turno. Y entonces, se pregunta uno antes de la denuncia pública, ¿alguien en la oficialidad mostró interés en buscar soluciones? Después de 4 años de ping pong, parecería que no.
Con la falta de agentes ocurre lo que con la escasez de personal en el Departamento del Trabajo y problemas de otras tantas agencias. Su raíz es el recorte por el recorte mismo. No es casualidad que las lluvias de los recortes en ese Gobierno que nos vendían como “gigante” nos han traído estos lodos. Por años se repitió como mantra que nuestro Gobierno era enorme.
Que había que reducirlo para hacerlo eficiente. Recuerdo que en medio de esa discusión la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico se anclaba en un discurso distinto. Nuestro Gobierno no era necesariamente gigante, sino -en ocasiones- mal distribuido. En lugar de un sistema se reclutamiento basado en el mérito, el activismo político era y es la norma. Que las soluciones a nuestra ineficiencia gubernamental eran otras. Que ya estaban estudiadas y documentadas. PEro supongo que aquello no era lo que “queríamos escuchar. Ahora nos toca recoger los pedazos.
